Providencia extraña

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia que parece sumida en la atmósfera nebulosa ajena a la situación que vive el país y obsesionada por el artículo y el inciso tomados al pie de la letra, establece que las pruebas extraídas del computador del más notable jefe intelectual de las Farc y segundo del fallecido Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, no tienen validez por haber sido colectadas por la Fuerza Pública y no por funcionarios de la Justicia Penal ordinaria. ¡Por Dios! Y por si fuera poco, por no haber obtenido permiso del Gobierno ecuatoriano.Demos marcha atrás en cuanto este último. El gobierno del Ecuador era ostensiblemente amigo de las Farc, siguiendo el modelo Socialista del Siglo XXI establecido por su homólogo de Venezuela. El permiso no se hubiera concedido, lo que habría significado la pérdida de una oportunidad irrepetible de asestar un golpe decisivo a la organización narcoterrorista alzada en armas contra el Estado y la sociedad de Colombia. Desde la margen ecuatoriana del río Sucumbíos se habían causado bajas a nuestro Ejército. En múltiples oportunidades se informó a las autoridades del país vecino la presencia de campamentos de las Farc en su territorio sin que se actuase contra éstos, ubicados con coordenadas precisas. El Derecho Internacional consagra el principio de legítima defensa de los Estados, la respuesta armada a agresiones desde territorios soberanos de cualquier nación.Se imponía una acción militar sobre el territorio selvático y despoblado donde alias ‘Raúl Reyes’ operaba en plena impunidad y manejaba relaciones internacionales de las Farc, no sólo para destruir el baluarte, sino incautar elementos vitales de Inteligencia Militar. El secreto absoluto era clave esencial del éxito, lo que hacía imposible recurrir a medios distintos al reducido grupo de planeamiento militar. En tales términos, ni el permiso ni la gestión de elementos judiciales podía incorporarse al golpe militar, comprobada la capacidad de infiltración adversaria y las continuas filtraciones de secretos de Estado.El Presidente obró en derecho al autorizar la Operación Fénix y, como Comandante Constitucional de las FF.MM., asumir la responsabilidad integral del acto estratégico. En medios internacionales se ha concedido plena validez a las implicaciones probatorias del computador. ¿Podría en sana lógica el purismo obsesivo de un instrumento del Estado colombiano declarar nulas esas pruebas y pronunciar acto inhibitorio a favor de un congresista seriamente implicado? Pues en Colombia, donde se promulgan constituciones “para arcángeles” y leyes utópicas, sí.