Aquel 27

El 27 de septiembre de 2023 pasará a la historia como el día en que un gobierno nacional en ejercicio decidió, de lleno y sin sonrojo. Entrar a pujar en favor de candidatos de su preferencia en las elecciones regionales. Nuevamente, el presidente volvió a correr ‘un poco’ la línea ética e inició una agenda de campaña con énfasis en Bogotá, donde su candidato a la Alcaldía, el anodino y estólido Gustavo Bolívar, está estancado en su 20%, mientras su nivel de rechazo entre los electores sí crece.

En los días siguientes, Gustavo Petro ha estado en los barrios populares de Bogotá, donde hay cientos de miles de potenciales electores con necesidades económicas. El presidente les habla vinculando supuestos éxitos de su alcaldía, con proyectados éxitos de su gobierno que deben materializarse en mejorar las condiciones de vida en Bogotá. El mensaje no es subliminal, ir a decir a Engativá o Kennedy que el Banco Agrario apalancará la economía popular para que el cambio ‘continúe’, evidentemente, liga su programa de gobierno con un triunfo de Gustavo Bolívar, quien representaría el cambio.

El presidente está concentrado en Bogotá, donde la situación es difícil, pero aún se puede luchar, porque en las encuestas Bolívar está a 10 puntos de Carlos Fernando Galán. Contrario a Barranquilla y Medellín donde no hay nada qué hacer, la capital aún puede darle un empujón a su candidato y llevarlo a segunda vuelta. Bogotá representa demasiado en presupuesto, burocracia, poder económico y electoral, Petro necesita desesperadamente mantener la ciudad dentro del progresismo y, en lo posible, del petrismo.

No es coincidencia que justo un mes antes de las elecciones, se destrabaron 2,5 billones de subsidios de vivienda, cuya retención durante los meses anteriores asfixiaron a pequeños y medianos constructores. Tampoco que la semana pasada se anunciara la condonación de 140 mil millones de pesos en créditos del Icetex del programa Ser Pilo Paga y la del Fondo de Reparación de Víctimas. En estas semanas está recaudándose la reforma tributaria, que permitirá más anuncios muy oportunos de beneficios y apoyos a miles de familias en aprietos cuyas necesidades no tuvieron interés en los meses anteriores.

Habrá que esperar a los resultados para ver si la estrategia de irrigación de recursos públicos en medio de la campaña, explicada como el cumplimiento de los compromisos del gobierno del cambio, alcanza a contrarrestar el rechazo a los candidatos de las alcaldías progresistas y el ascenso regional de la centroderecha. De ser así, perderíamos la inocencia de creer que en los grandes centros urbanos prevalece el voto de opinión. Esta urgencia de elegir réplicas locales del gobierno nacional causará un daño irreversible a largo plazo a la magra cultura política colombiana.

La estrategia es imparable y eficaz porque va al corazón de las necesidades de la gente y hay plata por la tributaria. Pero rompe los controles legales a las campañas que tienen una veda de actividades en sitios abiertos y de encuestas en la última semana de las elecciones. El presidente está exento de ellos porque técnicamente no es candidato y puede hacer reuniones abiertas para hablar de la continuidad del cambio en las ciudades para que la gente haga las asociaciones del buen entendedor.

Las marchas del 27 se presentaron como el apoyo popular a las reformas del gobierno que en el Congreso transcurrían con normalidad y más bien en su favor. Eran la excusa para correr la línea ética, no un poco sino mucho. Colombia ha retrocedido sin regreso en la transparencia política, porque aceptada una práctica perversa, nunca se retorna a su repudio.