Contrapesos

De la esencia de la democracia es la separación de poderes. Al menos la inspirada en el liberalismo inglés, la Ilustración francesa, y la Independencia de Estados Unidos. Decía Montesquieu, quien desarrolló su teoría, que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”.

Tiene razón. Más en un país tan centralista en el que, pese al balance ganado entre las ramas del poder y existiendo dos órganos de control, el presidencialismo sigue enquistado. De ahí la importancia de que cada una de las entidades del Estado cumplan su función de pesos y contrapesos, libres de tentación. Solo así, la democracia estará un poco mejor blindada de ímpetus autocráticos como los que encarna el Presidente Gustavo Petro.

El Congreso pareciera dar señales alentadoras, luego de un primer año de sumisión vergonzosa de la mayoría de sus integrantes con sus partidos. Lo sucedido en la Comisión VII del Senado, donde contra de todo pronóstico, nueve de sus catorce integrantes, firmaron una solicitud de archivo de la reforma a la salud, genera de alivio, aunque el Gobierno hará lo posible para salvar -entiéndase comprar- dicho esperpento.

Alivio más no tranquilidad, pues, hasta no verla hundida, no se debe celebrar, y cursan iniciativas igual de inconvenientes. La equivocación del presidente Petro no es querer reformar el sistema de salud, el laboral y el pensional, sino pretender su estatización, en un juego de suma cero. Por eso, similar cuidado reclaman los proyectos de educación, servicios públicos y el código minero, pues todos apuntan a la concentración de poder.

En ese escenario incierto, con visos alentadores erige la Corte Constitucional como la gran defensora de la democracia. Las sentencias del Alto Tribunal no a todos agradan, pues no siempre coinciden con los valores y posturas ideológicas de cada ciudadano. Pero nadie puede cuestionar el rol que está cumpliendo en poner límites al poder. No lo hace por razones políticas, sino porque es su deber cuidar el Estado Social de Derecho.

La Corte ha sido clara en que la Constitución se puede reformar más no suprimir o sustituir por vía del Congreso; que el estado de excepción debe ser el último recurso para acudir cuando no existan otros mecanismos para conjurar las crisis y, que puede suspender provisionalmente normas que resulten a todas luces inconstitucionales o que puedan producir efectos irremediables, además de su función de control de constitucionalidad.

En ese marco, declaró inexequible el decreto legislativo de la emergencia económica en La Guajira (con efecto diferido para no agravar la crisis), ordenó al Gobierno ponerse al día en todos los pagos a las EPS, tumbó la no deducibilidad de las regalías de la base del impuesto de renta de las empresas del sector minero-energético, e hizo respetar la denominación de Fuerza Aérea Colombiana, FAC, por tener este rango constitucional.

Si el de Colombia fuese un Gobierno genuinamente respetuoso de la Constitución y el Congreso ejerciera siempre con rigor su función de contrapeso, en especial frente a iniciativas perjudiciales, la Corte no tendría que estar alerta. No es el caso. El Presidente es un irresponsable y su administración radica leyes y expide decretos compulsivamente, consciente de que rayan con la ilegalidad. No les importa, los aplican mientras se caen. Es hora de afinar los controles en el legislativo y respaldar, sin vacilar, al Alto Tribunal.