Democracia y seguridad ciudadana

En toda democracia, las diversas instancias del Estado, bajo la coordinación armoniosa y respetuosa del señor Presidente de la República, cualquiera sea su chapa ideológica, tienen el deber democrático de garantizar una política integral de seguridad ciudadana.

La política de seguridad ciudadana para la población urbana y rural debe estar cimentada en el respeto integral de los derechos humanos, entre ellos los relacionados con la salud, la educación, la cultura, la seguridad alimentaria; el derecho al buen nombre, a la libertad de opinión, al respeto y disfrute de sus bienes privados y a vivir en paz y de manera reconciliada. Lo concreto y lo real es que sin seguridad integral para la población es muy difícil construir y desarrollar la democracia, así como también una sólida política de seguridad y bienestar social

La idea de seguridad integral para la población, no solo se soporta sobre los derechos humanos, sino que en el caso colombiano presupone la necesidad de hacer una gran reflexión democrática sobre la misión de las Fuerzas Militares y de Policía, de la fiscalía y del poder judicial con relación a la cero tolerancia con la corrupción, la violencia, el despilfarro y la falta de pronta justicia. De igual manera, sobre los deberes éticos de los grupos armados ilegales, mucho más cuando las expresiones de su violencia armada, entre ellas el secuestro y las minas antipersonal, a lo único que han conducido en Colombia es a fortalecer grupos extremistas y al no logro de un clima de convivencia pacífica y de reconciliación nacional.

Por mi propia experiencia en los asuntos del Estado, y dado los altos niveles de violencia e inseguridad que estamos viviendo, principalmente en las grandes y medianas ciudades, es urgente y necesario una mejor y más rápida coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en todas las regiones del país, una mayor colaboración de los fiscales y jueces en la lucha contra todo tipo de delito y una relación más armoniosa y menos prevenida con los diversos sectores de la población urbana y rural, de manera especial con los jóvenes e integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Para ello, es deber del Estado también la urgente coordinación con los alcaldes, gobernadores y otras instancias del Estado y del sector empresarial, bajo el liderazgo del propio Presidente de la República, a fin de lograr una efectiva acción contra el delito o cualquier otra manifestación de violencia.

En igual sentido, se debe fomentar una cultura política de entendimiento entre diferentes, de eliminación de los discursos de odio, de la calumnia, la polarización y de la descalificación, todo en favor de la reconciliación nacional.

Solo así lograremos tener policías y militares más cercanos a la gente, así como también un accionar de fiscales y jueces rápido y efectivo y un Estado respetuoso de los derechos humanos, que nos permita lograr una población menos tolerante con todo tipo de delitos, más respetuosa y colaboradora con las autoridades civiles y militares y para que sea la propia población urbana y rural la defensora voluntaria de un Estado social de derecho, tal como lo mandata la Constitución Nacional y los principios democráticos universales promulgados por las Naciones Unidas.