Desilusión monetaria

Para los economistas el fenómeno de la “ilusión monetaria” es la tendencia de las personas a confundir un aumento en la cantidad de dinero disponible con un aumento real en la capacidad de comprar más bienes y servicios, sin tener en cuenta el aumento de los precios que reduce el poder adquisitivo del dinero.

Con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada el año pasado es muy probable que los mandatarios locales y los congresistas que representan intereses regionales (es decir casi todos) estén sufriendo de un fenómeno parecido, pues hacen cuentas alegres con la mayor cantidad de recursos que van a recibir, sin tener en cuenta que van a tener igual cantidad de nuevas obligaciones que atender. La posibilidad de tener más recursos de libre a disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.

No hay duda de que la reforma va a transferir mucha plata a departamentos y municipios, pues en 12 años el monto del SGP pasaría del 25 % al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. En pesos de hoy, las regiones pasarían de recibir $73 billones a $113 billones. Todos los mandatarios locales ya deben estar pensando en que van a invertir y gastar esos $40 billones adicionales cada año, que equivalen a la mitad de todo el presupuesto de inversión del gobierno.

La desilusión va a llegar cuando se presente la Ley de Competencias que debe redistribuir las obligaciones de gasto entre la Nación y los entes territoriales, pues la reforma estableció que el traslado de recursos a las regiones debe ir de la mano con traslado de competencias, de manera que se disminuya el gasto de la Nación y no aumente el déficit fiscal. Es un juego de suma cero: lo que reciben unos lo deja de gastar el otro

Además de la desilusión, es seguro que se va a presentar un conflicto difícil de resolver entre las distintas regiones cuando se definan en la Ley de Competencias los criterios de distribución territorial de los recursos, pues uno de los objetivos de la reforma es que las regiones más atrasadas y pobres tengan más recursos para atender las necesidades de su población.

El conflicto surge porque, de nuevo es un juego de suma cero: la torta para distribuir (en términos de recursos nuevos de libre disponibilidad) no va a crecer, de manera que para que departamentos como Vichada, Vaupés, Guainía o la Guajira tengan más recursos que las competencias nuevas que les asignen, otros departamentos deben aceptar que les disminuyan los de ellos, es decir que les asignen más nuevas competencias que recursos. ¿Los congresistas de Antioquia, Bogotá o el Valle van a aceptar esa disminución?

Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que, como exige la Constitución, esta respete la regla fiscal, es decir, que no aumente la deuda del gobierno central para pasarle plata a las regiones. Y difícil, la tarea del gobierno para que en un Congreso donde hay tantos intereses regionales se supere la ilusión monetaria y se apruebe una redistribución de recursos en la que unos van a ganar y otros a perder. Más difícil aún en un año electoral.