Disculpas inaceptables

Las inaceptables declaraciones del Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, a propósito de la muerte de un cabecilla de las disidencias de las Farc dado de baja por el Ejército, demuestran una vez más la falta de claridad del Gobierno para hacer frente a la creciente amenaza que los grupos al margen de la ley representan para la sociedad colombiana.

No conforme con decir que se trató de un “hecho fatídico”, el negociador de paz ahora insiste en crear un manto de duda sobre el operativo que la Fuerza Pública desarrolló legítimamente en Nariño para neutralizar a alias Hermes, un líder de la denominada Segunda Marquetalia sindicado de cometer homicidios selectivos, reclutamiento de menores, narcotráfico y minería ilegal, entre otros delitos.

Además de ofrecer disculpas a esa organización terrorista, el Comisionado cuestiona que la baja de alias Hermes no haya sido producto de un combate, sino fruto de una “operación planificada” por las Fuerzas Militares, y se atreve incluso a pedir una investigación para aclarar los hechos. Su posición no puede ser más desafortunada. ¿Acaso olvida el señor Patiño que la Fuerza Pública tiene la misión constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos y que está facultada legalmente para actuar contra los grupos criminales en cualquier rincón del territorio? ¿Por qué su insistencia en torpedear la acción del Ejército contra una organización con la que el Gobierno apenas se ha sentado a la mesa y que no ha pactado siquiera un cese al fuego?

Vale la pena recordarle al Alto Comisionado lo que los colombianos no olvidan: que la ‘Segunda Marquetalia’ y su flamante líder, alias Iván Márquez, renunciaron ya una vez a la mano que les tendió el Estado para desmovilizarse, que traicionaron la confianza de quienes sí se acogieron al Acuerdo de Paz del 2016 y que decidieron, conscientemente, volver a levantarse en armas contra la sociedad. Por tanto, que el Gobierno haya decidido darles una segunda oportunidad para negociar, no significa que las Fuerzas Militares deban limitar la responsabilidad de combatirlos.

Un muy flaco favor le hace el negociador al mismo Gobierno, enviando el mensaje de que no es a los ciudadanos indefensos a quienes se debe proteger, sino a quienes los aterrorizan con acciones violentas. La política de Paz Total del presidente Gustavo Petro está plagada de incoherencias de este tipo. El Gobierno ha debilitado progresivamente la capacidad de las Fuerzas Militares y, mientras tanto, los grupos al margen de la ley han fortalecido su accionar y sus economías ilícitas.

Los resultados de esa errática política saltan a la vista. Este año han sido asesinados 27 miembros del Ejército en acciones de las disidencias, el Eln o el Clan del Golfo, mientras siguen creciendo las estadísticas de civiles muertos o lesionados.

El más reciente caso ocurrió el martes, cuando falleció en Cali don Rafael Ángel González, un humilde cuidador de carros que salió gravemente herido por el atentado de las disidencias en Jamundí. Y vale la pena preguntarle al comisionado Patiño por qué ese hecho, realmente fatídico, no existió en su presurosa agenda de disculpas públicas.