Ecopésame

Ocurrió lo previsible: el Gobierno impuso su mayoría en la Asamblea de Ecopetrol e hizo elegir una nueva Junta Directiva en contra de los intereses de la empresa y del país. Ingresan a ella cuatro personas que por su perfil seguramente buscarán acelerar el fin de su actividad en petróleo y gas, su principal y más rentable negocio, sin medir sus consecuencias. Llegan como borregos agradecidos a cumplir con los designios lunáticos del Presidente.

Lilia Tatiana Roa, viceministra de ambiente, pese a ser ingeniera de petróleos es una ambientalista radical y una activista anti-fracking. Angela María Robledo, fórmula presidencial de Petro en 2018, se opuso rotundamente a los pilotos de fracking. Igual el exsenador Guillermo García Realpe. Y el viceministro de trabajo, Edwin Palma, expresidente de la USO, no llega como sindicalista, que ya no es, sino, como ficha del Presidente.

Cuatro de nueve miembros de Junta con desconocimiento de la nueva realidad de la industria y de las técnicas utilizadas en varios países para la extracción del petróleo y el gas; ignorantes del direccionamiento de una empresa multinacional con distintas unidades de negocio que debe regirse bajo patrones de competitividad; sesgados en el entendimiento de las causas de los cambios en el clima y de cómo avanzar en una transición ajustada a las necesidades de Colombia.

No valió la carta de siete de los anteriores miembros de junta al Ministro de Hacienda advirtiéndole de la inconveniencia de la plancha. Juan José Echavarría, en nombre de los independientes señaló con razón que la proximidad de los dos viceministros con el Gobierno Petro “podría dar lugar a falta de independencia y objetividad, generar conflictos de intereses, y riesgos sobre la integridad de la información reservada”.

Si se tratase de cualquier empresa, vaya y venga, pero es la más grande e importante de todas las que existen en Colombia y eje de la estabilidad macroeconómica y fiscal de la nación y de las regiones. El reconocido economista, Salomón Kalmanovitz, ante el curso que toma la empresa, dijo: “Ecopetrol puede terminar siendo administrada a favor de intereses contrarios a su desarrollo, inspirados por la ideología que no por la técnica”.

No es para menos. La empresa tiene previsto destinar el 42% de su inversión este año a proyectos de transición energética descuidando el negocio principal de petróleo y gas; empezar a reemplazar la exploración y producción de hidrocarburos por otras fuentes, como el hidrógeno, sin estudios lo suficientemente serios. Ningún país productor en situación equivalente ha contemplado un despropósito igual.

Si lo anterior no fuese preocupante, el próximo año corresponderá decidir si se continúa con uno de los contratos de fracking que tiene Ecopetrol en Estados Unidos, constituida en una de sus unidades de negocio más rentables. De los 736.000 barriles de producción en el 2023, 67.000 responden a esta técnica. ¿Qué harán los cuatro nuevos miembros de junta, defenderán los intereses de la empresa o mantendrán su obsesión anti-fracking?

El dueño de Ecopetrol no es el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, el Presidente de la empresa, o la Junta; son los colombianos directa o indirectamente. Los altos funcionarios y directivos están de paso y es su obligación responder a la confianza ciudadana y cuidar y fortalecer la empresa, no debilitarla. Por eso preocupa lo sucedido en la Asamblea, en contra de los 250.000 accionistas minoritarios y de los intereses de la empresa y el país. Al paso que vamos la nueva razón social de Ecopetrol, será, Ecopésame.