El contribuyente como enemigo

El nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, llenó titulares con uno de los refritos más repetidos en las últimas décadas: va a llevar a la cárcel a todos los morosos de la entidad, ya tiene 62 mil denuncias en la Fiscalía y va detrás de 320 mil deudores más. Podríamos estar hablando de una organización criminal superior a la suma de todos los integrantes de los clanes y combos que de verdad sí tienen asolado al país. Pero no, son morosos, es decir deudores a quienes según el artículo 28 de la Constitución no se les puede llevar a la cárcel “por ningún motivo”.

Lo que no nos dice esa cifra es que casi todos son funcionarios o gerentes de empresas que han cometido el error de decidir entre pagar nóminas y proveedores, o unos impuestos que se pagan sin importar si han recibido el ingreso que lo genera. Muy pocos de ellos son realmente evasores de impuestos, gente que haya hecho retenciones efectivas o haya simulado activos o pasivos.

Cuando se creó el delito de omisión de agente retenedor se hizo de tal manera que se consagró una responsabilidad objetiva. La Corte Constitucional avaló el esperpento en unas sentencias llenas de supuestos y generalidades. La Dian encontró una herramienta muy eficaz para aterrorizar a los empresarios con acciones penales, cuyo riesgo menor es la cárcel, pues la principal consecuencia es el ostracismo: los bancos les cancelan las cuentas, las entidades públicas y las otras empresas los eliminan como clientes y proveedores.

Los fiscales pocas veces investigan para entender si indagan realmente a un evasor o simplemente a un moroso que llegó a eso porque en medio de la debilidad económica del país, decidió mantenerse a flote dilatando los impuestos y dando prioridad a nóminas y proveedores.

En Colombia hay impuestos como el IVA que se pagan contra el hecho de emitir la factura, sin importar si el que la expide ha recibido el pago. Igual pasa con las retenciones, el empresario decide pagar una factura y si es agente retenedor debe reservar una parte para la Dian. Sin embargo, es muy común que esa reserva sólo sea contable, en caja no hay plata sino para pagar la factura. Evidentemente son morosos. Que sean hampones es la idea que viene transmitiéndose hace 20 años.

El efecto secundario es que la Fiscalía se ha convertido en la agencia de cobro de la Dian, acentuando sus índices de congestión. Los fiscales dedicados a tal tarea, solo quieren saber si el investigado le debe o no a la Dian y cómo le va a pagar. La verificación del dolo, o de otros elementos de la responsabilidad penal tienen la menor relevancia.

La empresa privada en Colombia vive un cerco regulatorio hostil que muchas veces es una enorme fuente de ingresos para el Estado o para otros particulares. Las sanciones por inexactitud o extemporaneidad, las multas y las tasas de interés moratorio campean en superintendencias y unidades administrativas especiales. Por todas partes hay normas que imponen manuales Sarlaft, seguridad laboral, ambiental que deben ser contratados con consultores privados, una nómina paraestatal creada por las normas orientadas hostilmente al sector productivo.

Año tras año las cifras de recaudo tributario se incrementan no obstante la escasa retribución en seguridad o infraestructura (que pagamos aparte). Es tan absurdo que como dijo Yeferson Cossio refiriéndose al 4 por mil, en Colombia cobran impuestos por pagar impuestos.

No creo que el rumbo se corrija. La confusión de evasores con deudores es demasiado rentable para un Estado adicto al recaudo.