Eso no pasa

Razón tiene la Fiscal delegada en acusar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como uno de los presuntos determinadores en la maquinaria de corrupción que se apalancó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD. Eso no significa, necesariamente, que él se haya robado un peso, pero sí, que hizo todo lo que estuvo a su alcance, desde el alto cargo, para comprar el favor de congresistas indispensables para los fines del Gobierno.

A través de la UNGRD se ejecutaron distintos actos de corrupción. Hasta ahora se conocen dos, el de los carrotanques del que habrían salido los $4.000 millones para el Presidente del Senado y de la Cámara, y el direccionamiento de contratos hacia tres municipios de interés de algunos congresistas de las comisiones Terceras del Congreso -claves para Hacienda- en lo que empieza a ser la punta del iceberg de una empresa criminal.

Iniciemos por el caso que involucra al Ministro. Hay cuatro hechos que no ha negado: 1. La adición presupuestal de $208 mil millones a la UNGRD liderada por él; 2. Su participación en reuniones donde se definieron las asignaciones; 3. El seguimiento exhaustivo y por vía de su asesora a los contratos por $91,7 millones para Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena; 4. Su contacto directo con Pinilla, funcionario de tercer nivel.

A lo anterior se suma que no había una emergencia en estos municipios ni eran de alto riesgo, según estudio del DNP y Banco Mundial y que no había proyectos elaborados por las sumas a transferir. Les tocó desempolvar y actualizar unos viejos a las carreras. De ahí la preocupación e insistencia de Ricardo Bonilla y su mano derecha, María Alejandra Benavides, quien se la pasaba en la UNGRD y a quien súbitamente se le ‘desapareció’ el computador.

Dice Bonilla que “preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto, no es entregar la plata, que reunirse para revisar una agenda oficial, no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones, no es comprar votos”. A primera vista, tendría razón. Pero no en este caso, en el que los hechos confesados de corrupción no se habrían podido dar sin su concurso.

El Ministro de Hacienda es uno de los dos o tres funcionarios con más poder; es el dueño de la plata. Sin su consentimiento no se mueve un peso y menos en momentos de estrés fiscal. Por eso no es creíble que la adición, destino y ejecución de dichos recursos fuese una gestión más, de rutina; los hechos prueban un interés casi obsesivo de su despacho por esos contratos. Y cuando un Ministro de Hacienda pregunta, está dando una orden.

Pero ahí no para la cosa. Si alguien tenía más poder que el Ministro era Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien disponía en nombre del Presidente. Su participación y la de Sandra Ortiz, Consejera para las Regiones, evidencia que no se trató de la ocurrencia de ‘un par de pillos’ (Olmedo y Pinilla) sino, de una estrategia al más alto nivel para comprar congresistas al menudeo.

Por lo anterior, es difícil de creer, que todo ocurriese a espaldas del Presidente. Es posible que él no haya participado en el detalle del entramado de corrupción, pero pensar que González, su entonces mano derecha y cuya oficina estaba a dos metros de la de Petro, y Ortiz, también en el segundo piso de Palacio, y Bonilla cruzando la calle, se concertaran para delinquir con congresistas sin que su jefe estuviese enterado, no. Eso no pasa. Y menos, de tres altos funcionarios de su entera confianza. De ahí lo poco convincente de sus declaraciones. Presidente, no subestime a los colombianos.