‘Apartheid’ educativo

En las últimas semanas, ha sido noticia el marcado retroceso en los resultados de aprendizaje de los estudiantes colombianos -medidos con las pruebas Saber del Icfes-, en razón a los cierres de instituciones educativas precipitados por el Covid-19. Aunque muy preocupante, sobre todo porque la afectación es más aguda entre los más pobres, como se pone de relieve en La Quinta Puerta, libro editado por los profesores Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Fergusson y Mauricio García Villegas, la ‘pandemia’ de mala calidad y desigualdad en la educación en Colombia es centenaria. En su concepto, en nuestro país se configura un ‘apartheid’ educativo: “Una educación segregada que reproduce las clases sociales y la desconfianza que existe entre ellas”.
Los dos años de pandemia han exacerbado esta crisis.

Para fundamentar sus análisis y recomendaciones, los autores parten de un recuento histórico de las luchas por la educación en Colombia. La primera, que duró desde los albores de la República hasta mediados del siglo pasado, fue entre las élites conservadoras, aliadas con la Iglesia Católica, y las élites liberales. Esta contienda ‘ideológico-religiosa’, que incluso desencadenó guerras civiles, lamentablemente la perdieron los liberales y la educación. Colombia, a diferencia de países como los Estados Unidos y la Argentina, perdió más de 100 años en la implementación de un sistema educativo público, laico y de amplia cobertura. Los costos sociales y económicos de este fracaso son inconmensurables.

Cuando finalmente el establecimiento político se ponía de acuerdo sobre la transcendencia de la educación pública laica a mediados del siglo pasado, inició un segundo ciclo de disputas ‘político-ideológicas’, esta vez entre los gobiernos y élites, de un lado, y los maestros y estudiantes del otro, aupado por la revolución cubana y las revueltas estudiantiles de 1968 en Europa y Estados Unidos. Esta lucha, aún vigente y patente en los últimos años de protestas y paros, “incubó nuevas desconfianzas, alteró gravemente los calendarios educativos (...), propició la migración de las élites hacia la educación privada y entorpeció la construcción de un proyecto educativo público amplio, gratuito y de calidad”. Para los autores, el que los ciudadanos más ricos e influyentes hayan desertado del sistema público es un elemento crítico, pues “redu[ce] la presión sobre el Estado para que mejore su oferta…
dado que [estos] resolvieron ya el problema privadamente”.

Las siguientes cifras (prepandemia) del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de Icesi sintetizan la enormidad del problema. De 1,09 millones de niños que iniciaron primer grado en 2009, solo 493 mil (45%) terminaron 11 en 2019; y de estos únicamente 212 mil (19% de la cohorte total) lograron niveles mínimos aceptables en lectura y matemáticas. Si se incluyen otras competencias clave, en ciencias naturales y las sociales/ciudadanas, solo 89 mil jóvenes (8%) las obtuvieron adecuadamente. Menos de uno de cada doce niños que inician primero de primaria en Colombia salen con un buen bachillerato, y estos son, casi invariablemente, del decil más rico de la población.

A este tenebroso panorama en lo académico, los autores agregan el hecho de que la segregación social en la educación genera brechas enormes en otras capacidades y activos -notablemente culturales, sociales/relacionales y simbólicos- que coartan oportunidades a la inmensa mayoría de los jóvenes en una sociedad tan jerarquizada como la colombiana, y que contribuyen a profundizar su desigualdad. Si no resolvemos este descomunal desafío, con educación universal, de calidad y ‘pluriclasista’, que equilibre las oportunidades y cohesione a los colombianos, seguiremos empantanados.
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