Administración responsable

Administrar parte de definir propósitos y reglas. Incorpora el cumplimiento de normas superiores, de carácter ético o legal. La ejecución se distribuye entre las diversas instancias de las organizaciones.

En las sociedades comerciales, una vez comprometido el capital, con la correspondiente autoridad, afloran los deberes derivados de la responsabilidad ante la comunidad, y en particular ante los clientes, trabajadores, proveedores, acreedores y Estado, vocero presunto de la comunidad bajo el principio de respeto por el interés general, y autor de normas de obligatorio cumplimiento.

Toda conducta debe ser consistente con el propósito ulterior de sostenibilidad económica, social y ambiental de localidad, región, país y mundo; el objetivo es aumentar valor para el capital, y las restricciones incluyen la delimitación institucional para lograr el necesario foco.

En contraste, las entidades públicas tienen propósitos amplios y, por ende, más difíciles de evaluar: toda actuación debe atender el interés general. Hay procesos públicos básicos para producir normas y juzgar las conductas, y es preciso administrar recursos importantes con eficacia.
En diversos frentes de lo público caben la iniciativa y el emprendimiento: impulsar la eficiencia y, al tiempo, asegurar la solidaridad en servicios de salud es un ejemplo; promover el acceso a mejores oportunidades mediante buena educación pública es otro; lograr el crecimiento sostenido a tasas elevadas, de manera que aumente el valor del trabajo a tasas superiores al del capital sería un tercero.

No es fácil evaluar el desempeño de una administración nacional de cuatro años con indicadores vinculados a estos tres propósitos. Más complejo aún es lograr resultados en un sistema político centralista y sin adecuada articulación entre gobierno central y regiones.

Pese a los propósitos explícitos de la Asamblea Constituyente de 1991, el poder de las autoridades nacionales se ha consolidado, los departamentos en la práctica son de importancia menor, y los municipios no tienen administraciones vinculadas a programas de mediano y largo plazo.

La erosión institucional hace difícil la adecuada asignación de recursos, e inhibe incluso el crecimiento mental de las regiones. Sin embargo, caben soluciones prácticas que pueden volverse fuente de sistemas de gestión de largo plazo.

Así, se podría establecer prospectiva rigurosa y sistemática si quienes hoy tienen a su cargo la administración departamental y las de las principales ciudades del Valle se pusieran de acuerdo para este propósito, y persuadieran a los habitantes de la comarca de la importancia de preservar y afinar la herramienta para tener consistencia general y mejoramiento continuo en la gestión.

La tarea consiste en diseñar el método de trabajo, ponerlo en funcionamiento y preservar la tarea anual de planificación a largo plazo con evaluación de desempeño de cada ejercicio al fenecer. Ni siquiera se requieren partidos o grupos políticos para poner en funcionamiento un ordenamiento práctico que podría impulsar la economía y la sociedad del departamento.

Existen los cimientos: la Fundación ProPacífico y la Cámara de Comercio de Cali ofrecen hoy los elementos necesarios como punto de partida.
Hay muchas personas con experiencia profesional dispuestas a aportarla. Solo faltaría la voluntad política de los gobernantes para hacer historia.
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