Hidalguía

En días pasados, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció en nombre del Estado su responsabilidad por el asesinato del exdirector de El Espectador, Guillermo Cano. Por no haberle garantizado su vida, no procesar a los autores materiales e intelectuales del magnicidio, y no proteger y reparar a la familia del inmolado. El acto se llevó a cabo durante el día del periodista; difícil mejor momento para un acto de merecida justicia.

Silenciarlo era parte de una estrategia mucho más amplia de los narcotraficantes para imponer sus designios; para arrodillar al país político y amedrentar a la sociedad. Así lo afirma el editorial de El Espectador con ocasión del evento referido. Y agrega: “El objetivo era secuestrar las instituciones, amordazar a la prensa y perseguir a cualquier servidor público que se atreviera a denunciar lo que ocurría a punta de sangre y terror”.

Al poco tiempo, dinamitaron un busto del director, asesinaron al abogado y luego al magistrado que confirmó el vínculo de Pablo Escobar con el hecho criminal. El paso siguiente fue destruir la sede del periódico y anestesiar poco a poco a la justicia. Vendrían años aciagos de asesinatos de políticos y periodistas, de bombas y secuestros, la entrega y fuga del capo, y el 8.000, hasta terminar en garras de los carteles mexicanos.

El Estado colombiano no le brindó a Guillermo Cano la protección debida, como no lo hizo con otros periodistas que perdieron la vida por defender la democracia. Estaba en mora, entonces, de reconocer sus omisiones y expresarle disculpas a la familia. Similar hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no hacerle seguimiento al caso, aunque no sorprende su desinterés, pues no era afín a sus ideas.

Ese reconocimiento no debe, sin embargo, prestarse para confusión: el responsable del asesinato del director de El Espectador fue Pablo Escobar; el del secuestro y muerte de los 12 diputados del Valle y de las 33 personas fallecidas por la bomba en El Nogal, las Farc; y el de la toma del Palacio de Justicia y su desenlace fatal, el M-19. Como lo es el Eln de la Masacre de Machuca, donde murieron calcinados 84 colombianos.

Se pierde la perspectiva. Colombia -porque la sociedad lo ha consentido- es indulgente con los asesinos y secuestradores y se abusa de la responsabilidad que le cabe al Estado por acción u omisión en su deber de “proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos”. Termina este asumiendo la responsabilidad de lo divino y lo humano, y el país se lo cree y lo fustiga, mientras los verdaderos victimarios burlan la justicia.

Interesante que sea el gobierno de Gustavo Petro el que 38 años después del asesinato, reconozca la responsabilidad del Estado en el magnicidio de Guillermo Cano, y en el día del periodista, pues no se destaca por el respeto a los medios de comunicación, a sus propietarios y a los periodistas, y menos a la libertad de prensa y de expresión. Tampoco es el más proclive a que la justicia actúe, y a combatir el crimen y el narcotráfico.

El Estado estaba en mora de reconocer su responsabilidad en el asesinato de Guillermo Cano, sin olvidar al victimario. Y, por paradójico que resulte, hizo bien el Ministro en rendirle tributo y la familia del insigne periodista en aceptar el gesto del Gobierno. Hidalguía que el país espera se retribuya con actos acordes a su memoria y no con más intentos de mordaza. “No hay libertad de prensa sin justicia en todos los casos, y sin protección y respeto a su labor en una democracia”, cierra en punta el editorial de Fidel Cano.