Inversiones forzosas, pésima idea

La situación fiscal es sumamente complicada. La primera razón es el frenazo monumental del crecimiento de la economía en el 2023, apenas un 0,6%, después de haber crecido 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022. La disminución sustantiva de los ingresos tributarios es la segunda. A junio, el total recogido era de $126,6 billones, el 40% de lo presupuestado para el 2024. El peor recaudo para el semestre en todo el Siglo XXI, más bajo incluso que el de la pandemia.

Como resultado, el gobierno está buscando plata hasta debajo de las piedras. Han planteado flexibilizar la regla fiscal. Y subió la meta de la “gestión inteligente” de la Dian de $13 a $27 billones, de manera que es previsible que se pondrá en la tarea de perseguir y a apretar a los contribuyentes que sí cumplimos juiciosamente con el pago de nuestros impuestos. Está rezando para que no se caiga en la Constitucional la reforma pensional. Y anunció una nueva tributaria que busca recaudar $12 billones más.

En la misma línea está la propuesta de las inversiones forzosas. “El gobierno tiene un problema de ingresos grave […] la inversión forzosa es una propuesta para mejorar los ingresos del presupuesto”, confesó el director del DNP.

La idea es muy mala. Para empezar, habría que precisar que los dineros depositados en los bancos no son ‘ahorros públicos’, como los llamó Petro, sino estrictamente privados. Y los ahorradores los ponen en los bancos porque confían en su experiencia y profesionalismo para administrarlos.

Con certeza no los dejarían en el sistema bancario si supieran que esos recursos se van a trasladar al gobierno. Es un grave error sustituir los conocimientos, la eficiencia y los criterios técnicos y de seguridad de la banca privada por los motivos políticos, clientelistas o electorales del gobierno. El próximo es un año preelectoral y el gobierno quiere acceder a ese dinero para apalancar los programas y sectores que, en su opinión, le darán más apoyo en las elecciones del 26.

Las inversiones forzosas distorsionan el mercado, le quitan recursos a los bancos para prestarlos eficientemente, de manera que disminuyen la oferta de dinero y aumentan su costo, es decir, fomentan una subida de las tasas de interés, desestimulan el ahorro privado porque crece el riesgo para los depositantes, afectan la confianza y agudizan la incertidumbre, y, tanto por el desestímulo al ahorro como por los costos económicos, limitan un crecimiento que ya es paupérrimo.

Para rematar, este es un gobierno derrochón y corrupto como ninguno, altamente ineficiente e improvisador, con una bajísima ejecución presupuestal -apenas del 36,6% a junio, la peor en 23 años-, y con un MinHacienda investigado por sobornar a los congresistas. En esas condiciones, lo que hay que exigirle es que ejecute bien y que reduzca el gasto público.