El régimen

Comienza a aclararse el panorama político colombino con miras a las elecciones presidenciales de 2022. Como de manera contundente lo analizó Diego Martínez en este diario, no cabe ninguna duda sobre el hecho de que el máximo peligro que afronta nuestro país es una eventual presidencia de Gustavo Petro. No solo por su acendrado populismo sino por la gente que lo está rodeando al frente de la llamada ‘Colombia Humana’.

Proponer a estas horas una política basada en expropiaciones es una rotunda confesión de que no se cree en la democracia. La economía de mercado exige seguridad en la inversión y la vigencia plena del Estado de Derecho. Como bien lo afirma Daron Acemoglú “la economía de mercado es la única que puede sobrevivir si un Estado es ya realmente democrático”. O lo que es lo mismo, si hay economía de mercado hay democracia; si hay democracia hay economía de mercado.

Colombia no resistiría la presencia de un presidente que aspira a llegar al mando con discurso democrático, pero que si lo obtiene permanecerá en él con mentalidad de ‘okupa”’. Basta ver los ejemplos de los Castro en Cuba, de Ortega y Murillo en Nicaragua, del chavismo en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia. Estos personajes mueven todos los hilos del poder sin respetar norma alguna pues su meta es consolidar la dictadura.

Los restantes candidatos comienzan a seleccionarse en un interesante proceso que muestra resultados de encuestas, largas conversaciones e intentos de formalizar coaliciones. Es muy destacable la posición de Humberto de la Calle al renunciar a su aspiración presidencial y proponer su nombre como cabeza de unalista de tendencia centrista al Senado de la República.

Empiezan a ventilarse ideas. De la Calle, de reconocida estirpe liberal, propone recoger las críticas del fallecido líder conservador Álvaro Gómez Hurtado al “régimen”. Es evidente que la adaptación del sistema democrático a nuestro país presenta vacíos e inconsistencias por las cuales se cuelan los avivatos de siempre.

Las garantías constitucionales sirven en ocasiones para mantener atornillados en el poder a los gobernadores y alcaldes ineptos. En la época actual, cuando la información es la mejor fiscal, no se justifica tener que esperar la conclusión de largos procesos judiciales cuando se demuestra que el funcionario no ejecuta debidamente los presupuestos que le fueron asignados, no finaliza las obras que debe terminar y no conserva debidamente el orden público.

Debería implementarse algo parecido al ‘juicio político’ que en el Perú ha mantenido a raya a los gobernantes indelicados o abusadores. Entre nosotros bastaría con reformar la composición, funcionamiento, atribuciones y tiempos precisos de decisión de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara. La experiencia ha demostrado que en Colombia no prosperan ni las mociones de censura ni las revocatorias de mandato.

Nada desmoraliza más al ciudadano y nada lo aleja más de las urnas que la comprobación de que el ‘régimen’ se blinda a sí mismo.

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Siempre hemos sostenido que el modelo EPM no calza dentro de nuestra estructura constitucional, porque un alcalde de un municipio no puede ordenar sobre los servicios públicos de medio país. Pero llego la hora de apartar las querellas regionales: Hidroituango proveerá el 17% de la energía de nuestro país y hay que terminarla cuanto antes.