Polvorín de la energía y los combustibles

Las economías del mundo están recibiendo las consecuencias de los subsidios y mayor gasto público de la pandemia en la forma de inflación. Los problemas logísticos y la guerra en Ucrania en nada colaboran. La inflación es un fenómeno global del que no escapa Colombia, en donde tenemos dos situaciones críticas: el precio de los combustibles y de la energía.

El Gobierno está sentado en un verdadero polvorín que tiene serias repercusiones en el bienestar ciudadano, las finanzas públicas, la competitividad, la inflación y el presupuesto nacional. Respecto a los combustibles, lo sensato es disminuir el subsidio, es decir, aumentar los precios, lo cual tendrá repercusiones inflacionarias.

Sin embargo, este es un costo que debe asumir todo el país. El manejo de la pandemia, la recuperación económica y la situación de orden público justificarían el subsidio pasado. Ahora, llegó el momento de poner la casa en orden, pues es insostenible otorgar un subsidio trimestral de 10 billones con cargo al presupuesto nacional. Así, el subsidio a los combustibles, que es regresivo, injusto y costoso desde el punto de vista ambiental, social y fiscal, debe empezar a desaparecer, más pronto que tarde y más rápido que despacio, aun cuando pausadamente para, en lo posible, atenuar las presiones inflacionarias.

Respecto al precio de la energía, este ha subido en el país alrededor de un 25,9 %. Las razones del incremento son varias y dependen también de la región del país. La fijación del precio se hace de manera técnica por parte de la CREG e incluye varios componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización, restricciones y pérdidas. Igualmente, la factura se ve afectada por los subsidios cruzados a favor de los estratos bajos, los cuales pagan los estratos altos y el comercio.

El ajuste de los precios depende en gran medida del IPP y no del IPC, el cual ha subido de manera considerable. En el caso de la región Caribe, la más afectada, para garantizar la prestación del servicio, por pérdidas (robo) y la necesidad de mejorar la red, se autorizó un incremento especial de los precios.

También el sistema colombiano, por su confiabilidad en la transmisión y en la generación, tiene unos costos adicionales, los cuales se justifican por el orden público y nuestra mayor dependencia de la energía hidráulica.

Ahora, por los incrementos inflacionarios y necesarios para el servicio de la región Caribe, el Gobierno quiere “Justicia Tarifaria”, que permita el acceso a la energía a costos razonables y que, incluso, puede significar la intervención de la CREG. Esto no deja de sorprender por lo inconveniente y populista.

Lo razonable es que la institucionalidad funcione y que, de manera técnica, se determine el precio de la energía, pues no solo se trata de justicia tarifaria para el consumo, sino también para remunerar y cubrir los costos y gastos de la generación y de todos los actores de la cadena, lo cual es indispensable para la sostenibilidad en la prestación del servicio.

Hay que pagar lo que las cosas valen y no es razonable que a los actores se les cargue el costo de la política social o crear más fondos y subsidios del presupuesto nacional.