Juicio al Presidente y mermelada

El proceso por la aparente entrada de dineros malditos a la campaña presidencial de Ernesto Samper, se hundió en la Cámara de Representantes entre olas de mermelada y amiguismo. Sin vergüenza alguna, quienes integraban aquel cuerpo colegiado despreciaron pruebas decisivas, incluyendo las revelaciones de testigos presenciales y coautores materiales. Al país lo esperarían cuatro años de agónico desgobierno y a Samper y sus válidos del Congreso varios lustros de deshonra.

Treinta años después seguimos en las mismas: no hemos sido capaces de reformar los mecanismos constitucionales que permiten investigar con rigor y castigar a los mandatarios prevaricadores o indignos. Tal circunstancia pone en tela de juicio el sustento ético de la institución presidencial, aquella que debería encarnar la majestad y las virtudes del Estado, pero que aquí hemos puesto fuera del alcance de la justicia humana.

Las razones para examinar la conducta del mandatario actual a la luz del derecho penal y del concepto de indignidad contemplado en Constitución, son voceadas por personajes de distintas orillas como Jorge E. Robledo, Carlos Alonso Lucio y Enrique Gómez. Y es que contra los mandatos legales, a costa de perjuicios económicos incalculables, el ejecutivo pretende sacrificar el patrimonio nacional de los combustibles fósiles. A lo anterior se suma el abandono del territorio por parte de la Fuerza Pública, lo cual supone tráficos ilegales, masacres y víctimas. Esto mientras las pruebas sobre financiación ilegal de la campaña presidencial proporcionadas por protagonistas como Armando Benedetti, Nicolás Petro y Days Vásquez siguen sin ser controvertidas.

El hecho es que los colombianos debemos aterrizar. Sin importar el calibre de las tropelías cometidas por este y otros presidentes, la Comisión de Acusación y el Congreso de la República no actuarán; aunque se abran las investigaciones, van a encontrar argumentos que les permitan ignorar los clamores de esta patria despedazada. Las razones para que persista aquella situación tan desafortunada son variadas y solo podrían resolverse mediante una reforma profunda de la estructura constitucional.

Poner una función de naturaleza judicial en manos de un cuerpo político cuyos miembros ignoran tales materias y cuyo talante es proclive a recibir las dádivas del gobernante imputado, resulta a todas luces inconveniente. Peor aún si se considera que según el trámite actual, las oportunidades o retenes para exigir mermelada a cambio de perdón son tres, porque la imputación debe transitar por la Comisión de Acusación y también por las plenarias de Cámara y Senado.

Pero además del botón que dispensa mermelada a través de la contratación y cuotas burocráticas, los presidentes tienen otro seguro: La Comisión de Acusación e Investigación usualmente es integrada siguiendo las indicaciones del propio Ejecutivo. En consecuencia, no extraña que hoy dos tercios de los miembros de esa célula sean socios políticos, obsecuentes amigos del gobierno. A pesar de sus delirios, desaciertos o posibles delitos, Petro podrá seguir durmiendo tranquilo.

Los ciudadanos no podemos permitir que esta situación continué. Debemos exigir la reforma del sistema de acusación y juzgamiento de los mandatarios si deseamos que la honestidad, la decencia y los intereses de la nación vuelvan a imponerse.