La ‘Guardia Campesina’

A estudio del Congreso hay un proyecto de ley que busca legalizar y empoderar a las llamadas ‘Guardias Campesinas’ como un “mecanismo de protección permanente con carácter comunitario”. Lo presentó el Partido Comunes, compuesto por desmovilizados de las Farc. Es quizá una de las iniciativas de mayor peligro para la democracia y la paz. Puede ser el detonante de un nuevo fenómeno paramilitar y de un enfrentamiento civil.

¿Qué entender por “mecanismos de protección” y “defensa del territorio campesino”? ¿Por qué las funciones de “interlocución, mediación y acompañamiento de la sociedad civil”, esbozadas en la iniciativa, no las pueden realizar las Juntas de Acción Comunal? ¿Dónde quedan las gobernaciones y alcaldías, asambleas y concejos, elegidos por voto popular? ¿Dónde quedan sus funciones y responsabilidades, o procedemos a abolirlas?

¿Y las del Ministerio de Defensa, de garantizar la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional? ¿Será que el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, una de sus funciones, es delegable? Es una pregunta de fondo pues la iniciativa se sustenta en que “los mecanismos de protección del Estado, como el máximo garante de los derechos del pueblo colombiano, han sido casi nulos”.

Con similar excusa surgieron los grupos paramilitares: por la incapacidad del Estado de proteger la vida y bienes de los colombianos. No hay diferencia significativa entre las Convivir, creadas en el Gobierno Samper, con las ‘Guardias Campesinas’. Dirán que estas no estarían armadas, lo que abre una discusión sobre qué entender por ello. Pero su fin, la “protección de derechos ciudadanos” y “defensa del territorio”, no es muy distinto.

Advierte el profesor Eduardo Pizarro, que “el peor escenario es seguir permitiendo el crecimiento [de las Guardias Campesinas] sin límites normativos, pues se pueden estar gestando otros monstruos de mil cabezas como fue el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia”. Y sí, pero no es únicamente un asunto de límites normativos: lo que se plantea es autorizar grupos simulados de autodefensa, de campesinos en vez de terratenientes.

Con un ingrediente adicional: las ‘Guardias Campesinas’ no son unos pobres campesinos instrumentalizados y obligados a posar en una foto. Inteligencia del Ejército señala que algunas tienen origen en la guerrilla. No se digan más mentiras: son el ‘brazo civil` de las disidencias; milicias rurales que hacen metástasis con la anuencia de un Gobierno que encubre sus crímenes de lesa humanidad disfrazándolos de “cerco humanitario”.

Si a estas alturas, el Gobierno, el Congreso y los colombianos no se han dado cuenta del enorme riesgo de ese proyecto de ley, es porque están de acuerdo con desatar un espiral sin límite de violencia o pecan de una ingenuidad insultante. Con el mismo rasero, los comerciantes, industriales, transportadores, agricultores, ganaderos y hoteleros, entre otros, podrían crear sus propias ‘Guardias’ ¿O ellos no tienen derecho a “protegerse”?

La paz total debe partir de una premisa: la protección de los ciudadanos, el imperio de la ley y el control del territorio, deben estar en cabeza del Estado. Hartos líos y abusos hay con la ‘Guardia Indígena’ para diseminar ese esperpento. Si el Gobierno no detiene esa iniciativa, le corresponderá al Congreso hacerlo y sino, a confiar en los tribunales. ¿No hay suficiente sangre derramada para reanimar nuevas dinámicas de violencia? Colombia implora seguridad y orden de parte del Estado, no de guerrillas encubiertas.