La paz no se negocia

¿Por qué la paz ha sido esquiva a Colombia? Porque no ha habido una política coherente y sistemática del Estado para superar la violencia organizada. La inconsistencia en el carácter legal dado al adversario, lo que es y no negociable, y el rol de la fuerza legítima, han marcado el resultado de los procesos. Las organizaciones armadas ilegales, por el contrario, han mantenido en el tiempo, con sus diferencias lógicas, libretos similares.

1. Tratamiento jurídico. Dependiendo de la circunstancia los gobiernos han calificado a estos grupos de terroristas, narcotraficantes, o políticos en armas; se ha solicitado su inclusión o exclusión en listas de parias como quien cambia de ropa; se le ha enmarcado como conflicto armado interno o lucha contra organizaciones criminales, saltando entre el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Palermo contra el Crimen.

Esa incongruencia no es menor. Las organizaciones ilegales se definen por sus actos, no por lo que piensan o digan. No se puede ser terrorista y actor político al tiempo. Lo grave es que eso a algunos poco importa, y determina la política. Los ilegales conocen el juego; paradójicamente, incrementan su acción terrorista en busca de un tratamiento político y les sirve ser parte de un ‘conflicto interno’, pues les permite acariciar ese estatus especial.

2. Lo negociable. Para la mayoría de los gobiernos, la democracia, el modelo económico, la propiedad privada, y las Fuerzas Militares, no han sido negociables, aunque las líneas rojas a veces se han tornado rosadas. Para otros, como el actual, sí. Pero casi todos han hecho suya la narrativa justificativa de las ‘guerrillas’ sobre la pobreza, dándoles halo de víctimas del establecimiento, como si la sociedad y el Estado les estuviese debiendo.

Los grupos ilegales no representan la voluntad popular, es más, la mayoría los repudia. No tienen legitimidad para negociar cambios de fondo y existen caminos institucionales para hacerlo. La apertura de esa puerta ha sido y es un error garrafal. Igual, reivindicar su discurso social cuando lo cierto es que no les importan los pobres, los masacran. Son empresas dedicadas a negocios ilegales con ejércitos propios. ¿Qué se negocia con ellos?

3. El uso de la fuerza. Mano tendida o pulso firme hacia los grupos armados ha sido un eterno dilema. De ahí la discusión entre, desescalar el conflicto apelando incluso al cese al fuego o el debilitamiento militar del enemigo como premisa. El uso legítimo de la fuerza contra las organizaciones ilegales y la justicia, han sido y son determinantes en el objetivo colectivo de vivir en paz. No entenderlo a estas alturas resulta casi irracional.

Los grupos que se han desmovilizado total o parcialmente no lo hicieron por convicción o amor patrio. Lo hicieron por supervivencia, ante la arremetida militar y judicial. Estas agrupaciones solo entienden a la brava, no con palmaditas en la espalda, son criminales. Por eso, atar de manos o menoscabar las capacidades militares va en contra de la paz. No es posible doblegar al crimen organizado con buenas intenciones o paños de agua tibia.

No habrá paz mientras el Estado no sea consistente y persevere en una política. Mientras se siga tratando a los criminales como políticos en armas, haya obsesión por negociar una paz en vez de combatirlos con contundencia, se piense que estos grupos ilegales actúan en defensa de los pobres, y no se cumpla lo firmado -bueno o malo- como sucede ahora, las organizaciones criminales no tomarán en serio al Estado. Un Estado débil, ambiguo e irrespetado no garantiza la paz. La paz es un derecho y no se negocia.