Las odiadas fotomultas

Para empezar, que quede claro que esto no es una oda a la anarquía, o una invitación a la desobediencia vial. Pero sí hay una discusión en el barrio, tras conocerse esta semana que 19 cámaras de fotodetección fueron actualizadas, con la última tecnología, y estarán listas el 2 de diciembre. Ello, como parte del proceso de recuperación de las cámaras destruidas en las protestas del 2021. Se espera completar la revisión de 38 de ellas muy pronto.

Hasta ahí, todo bien. Hay que sancionar a quien incumple las normas, sobre todo en una ciudad donde los guardas de tránsito son pocos y cuyas sanciones representan el 26,9%, mientras que las que arrojan las fotomultas suman el 73,4%. El problema es que no se vea dónde queda esa platica, que nada más del 1 de enero al 5 de noviembre fue de 18.025 millones de pesos. Una suma nada despreciable para una ciudad con tantas necesidades en infraestructura y cultura vial.

Es más, el Secretario de Movilidad de Cali, Javier Arias, explicó que entre el 2020 y el 2023 se han recaudado $106.545 millones en multas, por no respetar las normas de tránsito. ¡Mucha plata! Aunque nunca suficiente para reparar todo lo que está dañado, claro está. Y, ¿para dónde se va toda esa plata? Esta es la explicación ‘técnica’ que siempre nos dan, pero que siempre, también, nos deja pensando. El 56% del recaudo le corresponde al Municipio, el 34% al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, y el 10%, por ley, va al Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por infracciones de tránsito) que corresponde al funcionamiento.

Del porcentaje que le toca al Municipio, una parte se invierte en mejorar los servicios del MÍO y el MÍO cable; otra, en garantizar la operación del sistema articulado y un porcentaje más, en la seguridad, señalización y mejoramiento de la malla vial. Así lo socializan y parte sin novedad. Allí está el meollo del asunto y el porqué de la resistencia de gran parte de las y los conductores que piden explicaciones de a dónde van a parar esos recursos y por qué no hay una rendición de cuentas de los mismos. Porque si bien, hay un operador privado, son recursos fruto de sanciones en vías públicas y lo más razonable es que siempre nos explicaran cómo y en dónde se invirtieron, en lugar de esas frases macro, tan fáciles de poner en un informe y en las que cabe de todo.

Sí, muy bueno que multen a quienes circulan sin tecnomecánica (la segunda sanción más frecuente, después de conducir sin el Soat), a los que se pasan el semáforo en rojo o andan ‘volados’ en las vías. Y que les den la posibilidad de hacer un curso para tomar conciencia, al momento de conducir.

Sin embargo, lo que no cuadra, como también nos pasa cuando pagamos el predial, declaramos renta, entre otros, es que no se ve la inversión y nos terminan dejando el sabor agridulce de que las odiadas fotomultas son más un negocio que un mecanismo de ‘educación’ vial. ¿Dónde están las estrategias de movilidad?, ¿Dónde, los programas de prevención en las vías?, ¿Han servido las fotomultas para disminuir la accidentalidad y salvar vidas? Como cuando nos mandaron a renovar la licencia y listo, hágalo son chistar.

Seguramente el 2024, con todas las cámaras de fotomultas funcionando ‘full hd’ el recaudo aumente, porque, a decir verdad, somos muy indisciplinados al manejar y de eso tampoco se trata. Pero ojalá que también aumenten las explicaciones y las inversiones que con esos recursos se vayan a ejecutar.