Lo público, lo privado y lo público-privado

Podría ser una verdad de Perogrullo la idea de que el interés primero que debe tener siempre presente un estadista es el de preservar y mejorar el Estado al que sirve. Sin embargo, en contadas e inquietantes excepciones, algunos gobernantes tensionan de forma persistente las costuras mismas del tejido democrático y, con ello, ponen en tela de juicio la propia existencia del Estado.

Es preocupante que ciertos personajes manejen ‘conceptos’ superficiales que están haciendo padecer severamente a unas democracias que ya en los principios del Siglo XX consiguieron asentar y desarrollar la idea de Estado Social de Derecho, cuyos pilares esenciales se fundamentaron en la educación, la salud, la protección social o la fiscalidad progresiva, entre otros, y que han marcado una expansión sin precedentes y el mayor avance de la humanidad en todos los órdenes.

La defensa y consolidación de lo público es el primer y más importante deber de cualquier estadista; también para cualquier servidor público allá donde lleve a cabo su labor, sea en las cámaras de representación, sea en los poderes central, regional o local. Igualmente, es responsabilidad de cada ciudadano defender el carácter democrático del Estado.

El Estado no invierte para obtener beneficios, no es un negocio, sus presupuestos están en función del bienestar de los ciudadanos y en asegurarles y cubrirles sus necesidades más básicas que les permitan una vida bien formada, digna, sana y segura.

Por otro lado, es función y deber del Estado apoyar la iniciativa privada. Es más, la iniciativa privada forma parte esencial de cualquier Estado democrático. El mundo del emprendimiento, el mundo empresarial productivo en todos los ámbitos y sectores de la vida de cualquier país democrático y su defensa y protección por parte del Estado es de obligado cumplimiento. No existe competencia, existe complementariedad.

Los motivos del Estado, sus objetivos, su inversión se encaminan al bienestar ciudadano, a su educación y formación, a su salud y seguridad, al avance en la igualdad de derechos. El mundo empresarial no está reñido necesariamente con eso, su objetivo principal, en su riesgo inversor, se asienta en el beneficio económico y en la generación de empleo.

En lo que respecta a la confluencia de lo público y lo privado, asociación que se viene regulando mediante leyes y normas, no debemos olvidar que el Estado no puede ser un simple adjudicatario de aquellas actividades o proyectos que caminan bajo este tipo de leyes.

El Estado tiene la obligación de estar presente en la gestión, en la fiscalización, en la inspección, el seguimiento y control de las actividades y proyectos que adjudica bajo la fórmula asociativa público/privada, así como en la exigencia de una ética empresarial que contribuya a la cero tolerancia con la corrupción y la violencia.

En este sentido y tal y como lo mandata la Constitución Nacional, el Estado, en todos sus niveles, debe reservarse el derecho de anular o revertir cualquier contrato que se realice con el sector privado nacional o internacional ante los manifiestos incumplimientos, alteraciones o hechos palpables de corrupción. En esa perspectiva, el Poder Judicial y los órganos de control del Estado, deben ser los aliados fundamentales en la construcción de un Estado de paredes de cristal.