Regulación

Soy mamá, católica, creyente y jamás he abortado en mi vida. Cuando decidí ser mamá tenía 34 años, siete años de casada, una vida laboral estable, acomodada y todas las condiciones para entregarle a mi hijo lo necesario para salir adelante.

Fue un niño inmensamente deseado e insistentemente buscado. Esa es la historia de mi maternidad y desde aquí escribo esta columna, porque reconozco que la mía no es la historia de gran número de mujeres y porque se hace necesario explicar lo que está en juego en Colombia.

Hace 15 años el movimiento de mujeres litigó una demanda que despenalizó el aborto en tres circunstancias, gracias a una histórica sentencia (la C-355 del 2006). 15 años después las mujeres más pobres, las que viven en zonas rurales y afectadas por el conflicto armado, las migrantes y las que están en discapacidad siguen arriesgando su vida al practicarse abortos inseguros.

El asunto es simple: en Colombia el aborto es un derecho (en las tres causales permitidas) y a la vez es un delito y esta es la gran dicotomía.
Por buscar acceder a su derecho al aborto, mujeres adolescentes y niñas están sufriendo persecución por parte de la justicia colombiana, son criminalizadas, amenazadas con cárcel y esto lo único que está logrando es alejarlas del sistema de salud y llevarlas a sitios donde se realizan procedimientos clandestinos que ponen en peligro su vida.

Las dos demandas que están en curso en la Corte constitucional para que regule el aborto más allá de las tres causales permitidas, quieren evidenciar las condiciones de las mujeres más vulnerables y los riesgos que están asumiendo al negárseles la posibilidad de terminar un embarazo no deseado. Aquí no estamos hablando de asuntos religiosos, de principios morales y/o tradicionales; de lo que se trata es de la vida de las más necesitadas, las más pobres quienes por miedo a que se les inicie un proceso penal o se les envié a la cárcel son sometidas a la discriminación y el estigma, debido en gran medida a que el aborto sigue existiendo como un delito en el código Penal.

Según un informe reciente de ce la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres, 364 fueron condenadas por aborto entre 2006 y 2019. Dentro de ellas se estima que el 12,5% de los casos corresponden a mujeres entre los 14 y los 17 años; y un 24% de los casos son menores de edad.

El delito del aborto es ineficaz porque no lo evita. Y es discriminatorio porque persigue a las mujeres más vulnerables por ello hay que regularlo como lo hicieron Canadá, Holanda e Inglaterra en donde se ha regulado por vía sanitaria el asunto. En México y Uruguay se reporta la disminución del número de abortos una vez despenalizados y en Colombia tenemos que volver a poner el asunto en el debate nacional, en el contexto de acceso a servicios de salud sexual y reproductivos seguros para absolutamente todas.
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