Maltrato animal: el caso Sócrates Herrera y Myriam Arévalo

El documento fue expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el 19 de mayo de 2023. Se titula ‘Auto por el cual se formula un pliego de cargos y se toman otras determinaciones’. Allí se notifica que la autoridad ambiental formuló oficialmente pliego de cargos contra la Fundación Centro de Primates -Fucep- y el Centro de Investigación Científica Caucaseco, de Sócrates Herrera y Myriam Arévalo.

Desde hace más de 40 años, y como lo advirtió El País el pasado mes de marzo, estas entidades han recibido millonarios fondos tanto nacionales como del exterior para la producción de una vacuna viable contra la malaria, que aún no se ha logrado, y habrían cometido un presunto maltrato animal contra monos Aotus, en quienes experimentaban. (También contra ratones. Los monos ya están en manos de la CVC y los ratones se recuperan en el Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía de Cali).

En su investigación del caso, la CVC encontró varias presuntas irregularidades. Por ejemplo, según la ley, para hacer experimentación científica en animales es necesaria la conformación de un comité de ética que se encargue de velar por el bienestar animal. En el caso de las entidades que dirigen Sócrates Herrera y su esposa, Myriam Arévalo, dicho comité parece no existir. En teoría, el comité de ética de la Universidad del Valle les habría dado el aval, pero, de acuerdo con correspondencia enviada por la universidad a la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), el único documento presentado por Fucep, expedido por la universidad y fechado en 2015, es un formato “provisional” y de ninguna manera constituye un aval de los experimentos en monos.

La CVC también determinó que Fucep no cuenta con un veterinario encargado de atender a los primates y valorar a cada uno de los animales en los que se experimentaba. Además, el manejo de los alimentos y la ejecución de los protocolos no se encuentran debidamente documentados “y solo pueden ser conocidos por parte del operario encargado del manejo de la población de primates”.

La CVC también señala que la presencia de restos de comida en los bebederos de los animales, la alta humedad y los hongos presentes en sus jaulas “demuestran condiciones sanitarias no adecuadas para la tenencia de primates”.

En las visitas a Fucep y al Centro de Investigación Científica Caucaseco, la CVC encontró a los monos en muy malas condiciones. “En uno de los ejemplares se pudo observar una condición corporal mala a simple vista, condición arqueada y alopecia en algunas partes del cuerpo”.

De otro lado, Caucaseco y Fucep todavía no han presentado los permisos requeridos para el manejo de primates. En cambio, presentaron un permiso obtenido con anterioridad, para el ejercicio de otra actividad.

Por todo ello, la CVC formuló cuatro cargos contra estas entidades: los dos primeros precisamente por no contar con el Permiso de Estudio con Fines de Investigación Científica; el tercero es por no contar con el permiso de caza de seis monos de la especie Saimiri, quienes también fueron encontrados en sus instalaciones; y el cuarto es por presuntamente causar daño ambiental, en especial a la fauna silvestre, por las pésimas condiciones de cautiverio de los monos.

Pero los problemas para Herrera, Arévalo y sus empresas no terminan allí. El aparente desvío de recursos públicos que PETA denunció en su momento fue investigado por la Contraloría General de la República. Con base en la auditoría realizada a los contratos de Herrera y Arévalo con Minciencias, la Contraloría acaba de ordenarle al Centro Internacional de Vacunas (que pertenece al consorcio conformado por la pareja) el reintegro de $654 millones correspondientes a “contratos que presentan valores no reconocidos o no ejecutados”.

“De estos contratos, y acorde con la información reportada por el Ministerio, cuatro presentan valores no reconocidos o no ejecutados que deben ser reintegrados. Sin embargo, en tres ha operado el fenómeno de caducidad de la acción fiscal, y frente a seis contratos el Ministerio no aportó algún documento al respecto”, agrega la Contraloría.

Es decir: la plata que se debía reintegrar era mucha más, pero Minciencias no hizo nada para exigirla en su momento. Se trata de recursos públicos, provenientes de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

La Contraloría denunció que en Minciencias “hay debilidades de supervisión y de control interno frente a estos contratos”. Y advirtió que de no hacerse la devolución de los $654 millones por parte Centro Internacional de Vacunas, se configura el delito de daño patrimonial.