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México y Colombia: retos compartidos

Son dos enfoques con diferencias claras, y cuyo alcance debería ser examinado conjuntamente para que se asegure coordinación y eficacia frente a una amenaza común.

15 de diciembre de 2024 Por: Claudia Blum
Canciller Claudia Blum
Claudia Blum | Foto: Cancilleria

Dos desafíos graves que enfrenta nuestro hemisferio son el crimen organizado y la migración irregular, fenómenos que obstaculizan el desarrollo y afectan la estabilidad regional. Frente a ellos, dos de los países que más los padecemos somos Colombia y México, y es urgente que sus gobiernos lideren respuestas coordinadas, pues de manera aislada ninguna política interna podrá resolver por sí sola, asuntos que son de índole transnacional.

En cuanto al crimen organizado, institutos independientes estiman que el 81 % del territorio mexicano está asediado por agrupaciones como el cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. En Colombia, el pasado jueves la Defensoría del Pueblo informó que un 71 % de los municipios tiene alertas tempranas por presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. Con 31 mil asesinatos en México y 14 mil en Colombia, sus tasas de homicidio en 2023 fueron respectivamente de 24 y 26 casos por cada 100 mil habitantes, cifra muy superior al promedio mundial de 6,1. Los grupos criminales dominan el tráfico de drogas, el contrabando, el lavado de activos, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión y el ciberdelito. Sus acciones atentan contra jóvenes y comunidades vulnerables, generan inseguridad y corrupción, y llegan a amenazar a las instituciones que buscan enfrentarlos.

Frente a los migrantes irregulares, Forbes estimó que entre enero y junio de este año hubo en México 712 mil personas en esa condición (193 % más que en 2023), muchos de ellos en tránsito hacia EE. UU. Por su parte, Migración Colombia informó que en 2024 se han presentado 360 mil ingresos irregulares, que también incluyen a miles de migrantes de paso hacia Norteamérica. Es claro que las personas buscan nuevos destinos por razones económicas, laborales, educación, reunificaciones familiares, persecuciones políticas, desastres naturales. La migración no es en sí misma negativa y puede aportar al crecimiento económico y al diálogo intercultural. Pero cuando se desarrolla por fuera de los marcos legales, genera problemas sociales, políticos y económicos, y aparecen redes criminales que exponen a los migrantes a mayores riesgos.

Ante esas realidades, han existido respuestas diversas. Claudia Sheinbaum en México ha presentado una nueva Estrategia que incluye el despliegue de tropas y cooperación entre fuerzas de seguridad para enfrentar la violencia y el crimen organizado; además, la investigación e inteligencia se han elevado a política de Estado, con una visión de contención. Colombia ha asumido políticas con enfoques de salud pública y seguridad humana, que incluyen desarrollo alternativo para la sustitución de economías ilegales y marcos de ‘paz total’ para desarticulación de grupos delincuenciales. Son dos enfoques con diferencias claras, y cuyo alcance debería ser examinado conjuntamente para que se asegure coordinación y eficacia frente a una amenaza común.

En migración, México ha planteado una política para 2024-2030, centrada en la inclusión y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En nuestro país, ya desde 2021 se adoptó una ley de política migratoria general con ese enfoque y un estatuto de protección temporal que cobija a cerca de 2,3 millones de venezolanos que residen aquí y aportan al crecimiento de nuestro país. Sin embargo, frente a migrantes en tránsito, más allá de la asistencia humanitaria, las acciones deben ser más armonizadas con países de origen y de destino, para asegurar una movilidad ordenada y segura.

Colombia y México, como países afectados, que por décadas han desplegado recursos humanos y financieros en estos dos frentes, tienen la legitimidad para liderar procesos internacionales en los que otros Estados se comprometan en las respuestas. Incluso con el nuevo gobierno de EE. UU., que también prioriza estas materias y con el que deben identificarse puntos en común. Solo si hay responsabilidades compartidas, podremos fortalecer la cooperación y eficacia de las autoridades contra el crimen organizado; y será posible atender las causas de la migración irregular y asegurar protección de los derechos de migrantes y sus familias.

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