Ni paz total, ni seguridad en el Valle y el Cauca

La situación de seguridad del occidente del país es muy compleja. El gobierno de Gustavo Petro llegó el 7 de agosto de 2022 prometiendo la ‘paz total’ y que haría la paz con el Eln en tres meses. La realidad es palmaria. No solo no ha disminuido la violencia, sino que el control de los territorios está en las manos de las bandas criminales.

Desde esta columna lo había indicado, el Cauca no solo está controlado por múltiples disidencias, el Eln, la Nueva Marquetalia, entre otros, sino que sus territorios fueron parcelados por las estructuras criminales, de tal forma que no hay posibilidad de negociar con nadie, porque cada vereda le pertenece a una franquicia criminal. Es decir, se nos atomizó el territorio y se rompieron las jerarquías y los mandos.

La realidad de municipios como Argelia, Corinto, el Tambo, Buenos Aires, Santander de Quilichao en el Cauca o Buenaventura, Tuluá, Buga, Jamundí o Cartago en el Valle es que se ha permitido a las estructuras criminales dejar el anonimato y convertirse en actores socialmente influyentes. Las poblaciones en ciertos espacios de esos territorios asimilan el Estado a esos grupos sin hacer distinción alguna. Esta realidad se observa en muchos departamentos del país. Más de 460 municipios tienen alguna presencia criminal en Colombia, es decir, más de la tercera parte del país.

Algunas voces han considerado que la responsabilidad es de muchos gobiernos y la frágil institucionalidad. Podrían tener cierta razón, pero desde la llegada de este gobierno, se produjo un desmantelamiento de las capacidades estatales apoyado por los famosos diálogos socio-jurídicos en el que delincuentes y bandas de todo nivel buscan ‘ceses al fuego’ y la ‘paz’.

En mi calidad de Fiscal General del país construimos estrategias en esa zona del país para romper lo que llamé “los corredores estratégicos de criminalidad” que involucraba el movimiento de esas organizaciones sin consideración de los departamentos y de las competencias de los funcionarios. Policía, Ejército y Fiscalía trabajando de la mano. Era el momento en que las fuerzas de tarea conjunta funcionaban. Todo eso quedó desmantelado en este gobierno.

Lo he dicho, la paz total terminó siendo el desmadre total de la seguridad del país. No sería sorprendente que después de la excursión de los ministros al corregimiento del Plateado (Cauca), de los grandilocuentes anuncios, del mensaje de recuperación al territorio, el gobierno vuelva a plantear discusiones con el Estado Mayor Central (EMC).

Ellos saben que entre más le falten al respeto al presidente, más amedrentado lo tienen. A Petro solo lo atemoriza la ilegalidad porque los conoce. A la legalidad, a la clase empresarial, a los industriales y a las instituciones los agrede porque las formas son distintas y porque se blinda con su discurso contra las élites y su victimización permanente.

Por lo pronto, como colombiano y persona profundamente vinculada a Cali y al Valle, espero que salga bien la Conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad COP 16. No podemos admitir que Iván Mordisco amenace la ciudad y a los visitantes. El gobierno debe garantizar la seguridad porque Cali ya sufrió mucho con el estallido social de 2021 cuando el actual gobierno era oposición y, construyó su proyecto político sobre la destrucción de esa zona del país. Lo mínimo es que traten de devolverle al Valle y a Cali lo que le quitaron en el 2021: la tranquilidad.