No más dictaduras

En América Latina, la creación de conciencia sobre la importancia de fortalecer las democracias pasa necesariamente por mantener la memoria sobre la historia lamentable de dictaduras y autoritarismos que ha padecido nuestra región. Sobre todo, en un mundo globalizado donde abunda la información real y ficticia, y en el que la inmediatez y velocidad del presente alejan a la gente de las lecciones del pasado.

En el último siglo, gran parte de los países latinoamericanos vivieron golpes de Estado y consecuentes dictaduras. Sin embargo, gobiernos supuestamente ‘elegidos’ en votaciones, también terminaron en sistemas autoritarios que acabaron la separación de poderes y destruyeron libertades y derechos.

En Colombia, Gustavo Rojas Pinilla ocupó el poder entre 1953 y 1957. Aunque a diferencia de otros países no surgió como proyecto político autónomo, sino como salida para La Violencia entre liberales y conservadores, su régimen terminó concentrando el poder, utilizó la fuerza militar para reprimir protestas, cerró periódicos y persiguió opositores políticos. Como toda dictadura.

En Chile, el dictador Augusto Pinochet, después de derrocar al presidente socialista Salvador Allende, ejerció de 1973 a 1990, con represión violenta, censura y violación a derechos humanos. En Argentina hubo al menos 5 dictaduras en distintas décadas, y entre ellas la de Rafael Videla y su Junta Militar (1976 -1983) impuso un régimen de terror, con atropellos a derechos humanos, torturas y desapariciones de miles de personas. El golpe militar en Brasil (1964) instauró a Humberto de Alencar Castelo Branco, quien cambió el orden constitucional que llevó a la ‘elección’ continua de militares por cuatro períodos hasta 1985. La persecución, la censura, y la represión se extendieron en ese tiempo.

En Bolivia, entre 1964 y 1982, se siguieron varios golpes de Estado y gobiernos autoritarios de las más distintas tendencias ideológicas. En Perú, el golpe de Juan Velasco estableció un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas entre 1968 y 1975; años después, Fujimori llegó al poder en 1990, disolvió el Congreso y ejerció un gobierno autoritario, para terminar condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Honduras, Uruguay, Guatemala, Haití y Ecuador, también sufrieron los estragos de dictaduras militares y cívico-militares.

Nicaragua vivió entre 1937 y 1979 la llamada dictadura de la familia Somoza, y el gobierno de Ortega ha desmantelado desde 2007 la institucionalidad democrática. Por 31 años, República Dominicana vivió el régimen sanguinario de Rafael Leónidas Trujillo. En Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner duró 34 años. Tiempo superado por Fidel Castro en Cuba que, después de derrocar a otro dictador, ejerció por casi 50 años como primer ministro y presidente, ‘reelegido’ consecutivamente por el régimen unipartidista de ese país.

Cuba continúa hoy como sistema político alejado de los marcos democráticos, donde se persigue a opositores, se ejerce censura y se impone el control del Ejecutivo. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro concentró el poder de todas las ramas, reprime brutalmente las protestas, censura medios de comunicación y persigue a la oposición. La crisis económica, social y humanitaria en ese país ha desembocado en el éxodo masivo más grave de nuestro hemisferio. Nuestra vecina Venezuela nos comprueba las crueles consecuencias de esos regímenes, que no son distintos hoy a los del pasado.

Pese a sus particularidades políticas e históricas todas las dictaduras reprimieron libertades y derechos políticos y civiles. Algunas tuvieron momentos de avance económico; pero muchas profundizaron la pobreza, inequidad y corrupción. Como ciudadanos de una región que ha padecido las consecuencias de esos regímenes, es importante que cada ciudadano, incluidos los más jóvenes, conozca y defienda el valor vital de la separación de poderes, la pluralidad de partidos, la libertad de expresión, el ejercicio del voto libre y secreto y la independencia de las autoridades electorales. Y que comprendamos que la democracia no es solo un tipo de gobierno, sino una forma de vida comunitaria, que necesita la participación de todos en las decisiones y en la defensa de los derechos que hemos ganado después de mucho sufrimiento.