No vivir con paranoia

Cuando en mis clases de psicología en la Universidad del Valle estudiamos el trastorno de personalidad paranoide, aprendimos que este se caracteriza por un patrón generalizado de sospecha o desconfianza no justificada hacia los demás, sin motivos adecuados para esa presunción. Estas personas siempre están en guardia, creyendo que los demás intentan constantemente degradarlos, perjudicarlos o amenazarlos.

En el actual Gobierno, son reiterados los discursos oficiales que ven supuestas “rupturas”, “planes” o “estrategias” en su contra, cada que las otras ramas del Estado y órganos independientes cumplen su misión constitucional. ¿Cualquier parecido con la paranoia será pura coincidencia? ¿Cuál es el costo para la democracia cuando se victimiza al Ejecutivo sin razón, y como resultado se debilitan los debates políticos y jurídicos, y se generan presiones que invaden la autonomía de las otras ramas del Estado? Ustedes dirán.

Por ejemplo, el presidente Petro ha utilizado el concepto de “golpe blando” varias veces desde aquella respuesta a protestas por el alza en combustibles, hasta cuando instituciones legítimas decidieron la nulidad de la elección de integrantes de su coalición. En días más recientes, le echó más fuego al candil denunciando una hipotética ruptura institucional por parte de sectores corruptos de la Fiscalía y solicitando la movilización popular.

Lo preocupante es que ese tipo de mensajes pueda repercutir en la credibilidad de las ramas del Estado. Lo que se ha vivido por la elección de nuevo fiscal es un ejemplo evidente. Aunque es importante que la Fiscalía tenga su titular, se hace necesario preservar el procedimiento constitucional que incluye el deber de la Corte Suprema de analizar candidatos y lograr la votación requerida. Así ocurrió a la salida de Mario Iguarán, Vivian Morales, Eduardo Montealegre y Néstor H. Martínez, cuando también hubo fiscales encargados mientras la Corte eligió a los nuevos titulares días, semanas o meses después, ya porque hubo cambios de ternas, o porque las rondas de votaciones tomaron su tiempo, o porque la terna fue enviada por el presidente de turno después de la salida del fiscal.

Sin embargo, el comunicado del secretario de la OEA que pidió a la Corte elegir el fiscal para “brindar certeza constitucional y política” y condenó las supuestas “amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente” –“amenazas” que no identificó en su texto– demostró que el rumor de golpes blandos y rupturas institucionales tiene oyentes externos. Cuando diplomáticos extranjeros instan a la Corte Suprema a acelerar la elección de la fiscal, movidos por sesgos o simple desconocimiento, se advierte presión externa sobre instituciones que funcionan dentro del Estado de Derecho. Importante que miembros del Congreso hayan viajado a Washington para contrarrestar la desinformación, y que el presidente Gaviria, a su vez exsecretario de la OEA, rechazara los comunicados de Almagro y de la Cidh. Así mismo, es clave que la Corte Constitucional demandara respeto por la independencia del Alto Tribunal y la integridad de sus miembros.

Triste para Colombia que en medio de discrepancias políticas, las instituciones sean afectadas. Cuando la televisión mostró un grupo de manifestantes que intentó meterse al Palacio de Justicia y luego bloqueó durante varias horas la salida de magistrados y funcionarios de la Corte en una de sus sesiones de elección de nuevo fiscal, la preocupación nacional fue inevitable, pues estuvo en riesgo su funcionamiento y estabilidad.

Proteger la autonomía de la rama Judicial resulta vital para asegurar que funcionen los pesos y contrapesos de la democracia, sobre todo en un contexto como el colombiano, donde las relaciones clientelistas han minado de tiempo atrás la independencia entre Ejecutivo y Congreso. El país tiene enormes retos en seguridad, pobreza, economía y medio ambiente, que no se resuelven con mensajes de división o paranoia.

Fortalecer la institucionalidad, y preservar la verdadera separación de poderes consagrada en la propia Carta Democrática Interamericana, debe ser un propósito de todo el Estado y la sociedad.