Nos están extorsionando

Las cifras son escandalosas: en Colombia, el delito de la extorsión mueve al año más de mil millones de dólares. Extorsiones que mutan y se sofistican hasta que ya fueron tan divulgadas que hay que inventar una nueva. Por desgracia, el Valle del Cauca es uno de los departamentos en que más se registra este fenómeno, movido por bandas criminales desde las cárceles o en sectores como las plazas de mercado, donde la extorsión es casi que un impuesto que hay que pagar para poder funcionar. Como en la galería Santa Elena, donde la microextorsión abunda y puede recaudar hasta $400 millones mensuales, a pesar de los esfuerzos por combatirla.

O como en la plaza de Tuluá, donde la banda La Inmaculada, por ejemplo, tras golpes de las autoridades, anunció en un comunicado que no harían más extorsiones y que, más o menos podían estar tranquilos y vender los productos de la canasta familiar, sin inconvenientes, ¡cómo le parece!, ‘que mi Dios les pague’. O la de Buenaventura, históricamente víctima de carteles de extorsión para productos como la carne, las frutas o los huevos, modelo replicado. A eso hemos llegado.

No son buenos tiempos para la seguridad del Valle, que nunca ha sido fácil, pero que quizás atraviesa uno de sus años más complejos, como lo hemos visto en los meses recientes, con aumento de homicidios, de atentados, de amenazas... en ese panorama la extorsión se convierte en una fuente de financiación de las bandas o, incluso, de las disidencias, como la Jaime Martínez o la Dagoberto Ramos, así como de otros grupos guerrilleros que encuentran en ella su financiación.

Este año, en el departamento se han denunciado 476 casos de extorsión, y en Cali ya son 13.836. Y como en tantos otros delitos, el subregistro es enorme porque la gente tiene miedo de perder su vida, porque las amenazas casi siempre son con ella, o con destruir la reputación, como pasa con las ciberextorsiones, en las cuales se amenaza con publicar fotos que en ocasiones son montajes para acabar con la honra.

Otra de las modalidades que reina es la del ‘falso servicio’, que consiste en llamar a pedirle a alguien que atienda una reparación, a una persona enferma o una cita para negociar una propiedad, entre otras, en un sector vecino a la ciudad, casi siempre zona rural. Al tenerlo en ese lugar, llaman a su familia para decirle que tienen secuestrado a su pariente y que deben pagar X cantidad de dinero. Los afectados consignan, el supuesto secuestrado no lo está ni se entera, y pueden seguir exigiendo dinero, si la familia, en medio del miedo, no acude a la autoridad.

No se salvan los habitantes de los barrios populares, en los que a los tenderos les piden una cuota para abrir su negocio; a los camiones de gaseosa o de la leche, un peaje para poder pasar; al que no es del lugar, una cuota para poder ingresar y así. La ley del oeste.

Toda una cultura mafiosa, al mejor estilo de El Padrino, que se quedó enquistada en nuestra sociedad y hace tanto daño. Porque si bien, hay avances en la desarticulación de bandas, estas se las ingenian para transformar su negocio, como el más ágil comerciante que está a la vanguardia de la tecnología y se reinventa para seguir delinquiendo. Incluso, desde las cárceles, sin Dios ni ley, desde las cuales se hacen las llamadas y extorsiones, se cuadra ‘la vuelta’ y se controla un lucrativo negocio que asfixia. Sí, un delito más que da cuenta de lo arrinconados que estamos. Nos están extorsionando y es un hecho que no hemos podido frenar. @pagope