Nuevas formas de crimen organizado

La situación que recientemente ha ocurrido en Ecuador, con un levantamiento desde las cárceles que ha tenido alcance en el orden público nacional, debe entenderse comparativamente con lo que sucede en Colombia y en otros países de América Latina en lo corrido de este siglo. El tema general es el cambio y la envergadura que ha tenido el crimen organizado y la manera como ha respondido el Estado y distintos grupos de la sociedad civil.

En el caso colombiano, se ha pasado del predominio de carteles de droga ilegal, claramente identificados con el liderazgo de capos, articulados con la producción y exportación de marihuana y cocaína nacionales. Su desmantelamiento llevó a su reemplazo en las exportaciones por el liderazgo de los carteles mexicanos que se vincularon entonces con múltiples organizaciones nacionales abastecedoras de la droga ilegal en distintas regiones del país. Algunos nuevos capos, como es el caso de ‘Otoniel’, líder del Jega, llegaron a dominar redes de organizaciones criminales en vastos territorios nacionales, especialmente en el Pacífico, Antioquia y la costa Caribe.

Surgieron otras organizaciones con líderes menos conocidos en el nivel nacional, pero con clara identificación territorial regional, a través de ‘oficinas’. Estas organizaciones están articuladas informalmente entre ellas para garantizar el flujo del negocio, o bien entran en formas de competencia y de violencia por el poder del negocio. En el nivel local, se articulan especialmente con grupos de jóvenes que encuentran en la actividad ilegal y en la violencia un proyecto de vida. En Colombia, hay un rasgo distintivo diferenciador: estas organizaciones criminales operan en territorios donde subsisten las guerrillas, parte de las antiguas Farc y del Eln, con las cuales también desarrollan acuerdos, o bien tienen contradicciones abiertas y violentas. Las guerrillas, a su vez, están articuladas estrechamente con el narcotráfico.

El crimen organizado se ha vinculado, de diversas maneras y de tiempo atrás, con la formación y el desarrollo de los Estados, en todos los países. Las instituciones estatales, en los más diversos ámbitos, se han visto permanentemente asediadas por la penetración del crimen organizado, especialmente dependiente del narcotráfico. Como es un problema internacional, los estados han formulado, por un lado, políticas ‘prohibicionistas’ que se concretaron en la ‘guerra contra las drogas’, en un tratamiento militar del problema, principalmente con las fumigaciones de cultivos.

Pero, por otro lado, en los últimos años, la política ha cambiado para darle paso a un énfasis en el control y desmantelamiento del crimen organizado que no pase por victimizar a los productores campesinos o bien a los consumidores urbanos con problemas de salud. En el caso ecuatoriano, el Gobierno, desbordado por la situación, ha declarado un estado de guerra contra las organizaciones criminales y le ha dado amplio poder a la intervención militar. En el caso colombiano, el gobierno hace una propuesta de Paz Total, dirigida a lo que queda de la guerrilla y también al crimen organizado. De alguna manera realza el tratamiento político del problema y desdibuja el tratamiento militar.

Se me agotó el espacio para indicar que el ‘territorio’ del crimen organizado no son solamente las regiones apartadas. Está también incrustado en territorios de las grandes ciudades, donde se combina y articula el dominio de las organizaciones con la actividad de grupos de jóvenes que buscan poder barrial y tener acceso a rentas ilegales, no solo con el narcotráfico, sino también con múltiples actividades ilegales, como el robo y la extorsión. Importante el papel que juegan las cárceles como lugares donde se promueve la criminalidad. Queda por desarrollar también el papel jugado por la ‘sociedad civil’.