País bajo amenaza

El estilo pendenciero y grandilocuente del Fiscal General causa controversia, con razón. Es así, que al tiempo que es ovacionado en recintos donde calan sus planteamientos, recibe cuestionamientos por el manejo del ente acusador. En el caso de la Procuradora General, pese a su proceder y lenguaje institucional, a juicio de algunos, se ha ensañado con funcionarios de este Gobierno, pasando por alto casos graves del anterior.

Independiente de si las críticas contra el Fiscal y la Procuradora tienen asidero, tema por ahondar en una columna aparte, hay motivos y pruebas suficientes para investigar la campaña y a los directivos de la Colombia Humana por violación de las normas electorales, imputar cargos a Nicolás Petro por el uso de recursos del narcotráfico en gastos de esta, y para separar del cargo al Canciller por el manejo absurdo de la licitación de los pasaportes.

Y eso que Armando Benedetti, acostumbrado a los negocios, permutó su silencio por un cargo diplomático. Él sí que conoce las andanzas del Presidente y lo que pasó en la campaña. Igual Laura Sarabia, resarcida por los medios, y más de un prohombre del Pacto Histórico, copartícipes de la debacle. Similar con el hijo no criado del Mandatario, que prefirió echarse la soga al cuello en vez de implicar a quien lo desconoció.

También hay razones para alertar de los impulsos autocráticos del Presidente, quien acata a regañadientes el Estado de Derecho y los principios de nuestra democracia. Cosa distinta es que el país se acostumbrara a tener por mandatario a un francotirador de las instituciones, sin recabar en lo que ello significa. Lo anterior, ante el silencio de los organismos internacionales, empezando por la OEA y sus tribunales ideologizados.

La última del presidente Petro, ante las investigaciones en curso, es “avisar al mundo” de una “ruptura institucional”, “de la toma mafiosa de la Fiscalía” y “solicitar al pueblo la máxima movilización popular”. “Llegó el momento de la expresión popular”, trina desquiciado, encontrando eco en su secta política y en su lacayo, Gustavo Bolívar, quien dice orquestarse un ‘Golpe de Estado’ y amenaza con “defender la causa en las calles”.

Tuvo que salir, con razón, el Presidente del Congreso, a pararles el macho: “La respuesta, no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos”. Agregó: “Me declaro sorprendido por la declaración del señor Presidente de la República sugiriendo un llamado a la confrontación civil”. Igual hicieron otros congresistas y en especial periodistas frenteros como Felipe Zuleta.

Pero la reacción del presidente Petro no debe sorprender. Desde el inicio del Gobierno, consciente quizá de su incompetencia y la del grueso de su equipo, amenaza con ‘la calle’, si no se hace lo que él dice. Nadie debe dudar que sueña con tomarse por asalto el Congreso y las Altas Cortes, pues le talla la separación de poderes. Cosa distinta es que lo intente y que lo logre, aunque ha ido anestesiando poco a poco a nuestras Fuerzas Militares.

El Presidente ha pasado de la amenaza a convocar un levantamiento popular. En qué derive esta, su última bravuconada, no se sabe, pero no debe subestimarse. Es hora de que los gremios con cabeza gacha, los empresarios cautelosos, los trabajadores anónimos, los académicos observantes, las organizaciones serias de la sociedad civil y los ciudadanos sin distingo, alcen la voz y pierdan el miedo. Es hora de que la Comisión de Acusaciones sirva para algo. Petro reta a Colombia, no podemos quedarnos quietos.