El desplome de la legalidad

Una madrugada de agosto de 2015, un grupo de policías y militares aterrizaba en una planicie del norte del Cauca. Tenían como objetivo incautar un cargamento de 9 toneladas de coca detectado por agentes de inteligencia.

Sobre las 4:30 de la mañana, cuando todo presagiaba que el operativo sería un éxito, un grupo de pobladores apareció enardecido. Rodeó la casa y detuvieron a los miembros de la Fuerza Pública que realizaban la tarea. Tuvieron que pasar más de dos horas y unas tensas negociaciones para que el gobierno accediera a no incautar el alijo de coca, a cambio de liberar a los soldados y policías que estaban retenidos.

Era la cuota inicial de una nueva modalidad de movilización popular que muy pronto se extendería como una plaga y que ya comienza a convertirse en el mayor dolor de cabeza de las autoridades.

En su momento, el gobierno de Santos fue debidamente informado. Pero andaba tan embriagado con el whisky de la paz con las Farc, que no le dio importancia a lo que estaba ocurriendo en el territorio. Y antes, por el contrario, a quienes reaccionaron alertando sobre la gravedad de lo ocurrido, muy pronto se les calificó de profetas del mal, guerreristas, enemigos de la paz. Y ahí están las consecuencias.

Tres años después, en un comunicado oficial, el Ministro de Defensa debe reconocer que en desarrollo del operativo de captura de alias ‘El Conejo’, la acción violenta de 80 personas armadas de palo piedras y machetes, frustró la operación. Los civiles no sólo liberaron al capturado, sino que rociaron con gasolina a los miembros de la Fuerza Pública que realizaban el operativo. La agresión llegó a tal nivel, que el comunicado tuvo que reconocer que “gracias a la preparación de militares y policías, pudieron salir ilesos”. Y claro, alias ‘Conejo’ se pudo volar.

Lo grave es que esos hechos se han ido repitiendo con cada vez mayor frecuencia. En distintas partes del país. Y no sólo en los territorios donde se cultiva y comercializa la coca, sino también en las zonas de minería ilegal y contrabando. El último hecho reportado, ocurrió a una comisión del CTI de la Fiscalía en Argelia (Cauca) que tuvo que enfrentar una turba furiosa de campesinos que reaccionaban por la captura de unos individuos sindicados de haber cometido varios delitos.

¿Qué hay detrás de todo esto? No cabe duda de que estamos ante una muy bien planeada y dirigida acción de los carteles del narcotráfico y la minería ilegal para impedir la acción de la Justicia. Y no hay que caer en la tentación de creer que, como dicen quienes justifican semejantes acciones, se trata de una reacción de los indígenas y campesinos que no aceptan que el Estado que los tiene abandonados, juzgue y castigue a aquellos que son los únicos que les dan empleo e ingresos directos. Era lo que faltaba. Que le saliéramos a deber a los carteles del narcotráfico o la minería ilegal.

El punto está en que estos eventos son apenas una de las señales fuertes que están mostrando que en Colombia, el muro de la legalidad se ha desplomado. Al tiempo que en las áreas rurales los pobladores van acorralando a policías y militares, en las ciudades, los ciudadanos y empresas siguen evadiendo impuestos o eludiendo el cumplimiento de las normas legales y constitucionales que regulan la convivencia y su acción en los mercados, al tiempo que las bandas de criminales van expandiendo su acción delictiva y copando capa vez más territorios.

El mapa de la ilegalidad es hoy el que mejor ilustra la situación del país. Es el muro al que se refiere Iván Duque en su propuesta de gobierno. El problema es de tales proporciones, que si no se ataja, van a terminar siendo los mafiosos los que definan el monto del IVA que hay que pagar por la canasta familiar o hagan por su propia mano, la reforma a la Justicia.