Protección ambiental e hipocresía

Durante las semanas recientes se ha registrado agitación entre las autoridades económicas de la Unión Europea por la falta de acuerdo sobre la entrada en vigencia del nuevo reglamento relacionado con la deforestación. Una medida que debería regir desde el próximo 30 de diciembre.

La normativa se aprobó en el 2023, respondiendo a presiones de grupos conservacionistas preocupados por la afectación de los bosques en países que proveen productos a los europeos. Algunas estimaciones indican que la UE al adquirir aquellos bienes sería responsable del 16% de la deforestación tropical mundial.

La nueva norma exigirá constancia de que los elementos enviados a Europa no han contribuido al daño ambiental. Esto significa certificaciones donde conste el cumplimiento de las disposiciones del país vendedor en materia de protección de bosques, aplicación de protocolos productivos y normas sobre derechos humanos. Además, tendrá que acompañarse información geográfica precisa relacionada con los cultivos, terrenos y prácticas agrícolas, pecuarias y agroindustriales.

El número de los productos afectados es amplio porque se refiere no solo a las materias primas, sino también a sus derivados, incluyendo chocolates, carne vacuna, lácteos, productos de cuero, aceite de palma, café, caucho, soya, papel, muebles y cosméticos. La lista podrá crecer automáticamente con nuevos ítems.

A pesar de las hipotéticas buenas intenciones de esta normativa, su aparición desató una controversia diplomática con protagonistas como Brasil, Australia, Malasia e Indonesia, que rechazan su carácter punitivo y el desprecio por los esfuerzos voluntarios que se vienen haciendo. Incluso una veintena de gobiernos del viejo continente, entre los que se cuenta Alemania, han pedido posponer la fecha de vigencia.

La cuestión es que el reglamento pretendido tiene un tufillo de doble moral, hipocresía: buena parte de los países europeos arrasaron sus bosques a lo largo de siglos, privando al planeta de inmensos reductos generadores de oxígeno, mientras mantienen altas emisiones de CO2. Además, en buena medida sus capacidades productivas, agrícolas y agroindustriales se consolidaron gracias a la ausencia de regulaciones y competencia: Compañías de ese continente o incluso los propios estados directamente devastaron por cientos de años y sin misericordia la flora, fauna y recursos naturales de todo el orbe.

El Reglamento también representa una manipulación comercial de carácter proteccionista, ya que las restricciones a los lácteos, aceites y maderables del exterior, para nombrar solo algunos artículos, acarreará la eliminación de una competencia potencial para las empresas europeas. Peor aún, quedarán afectados los conceptos de soberanía alimentaria y autonomía de la gestión agraria de los países exportadores. Ya no será posible la expansión necesaria, razonable y con criterio social de la frontera agrícola.

Lo que parece estar sucediendo es que se desea aire puro y ausencia de contaminantes atmosféricos, pero que el gasto lo hagan otros: los países empobrecidos del tercer mundo y sus campesinos. Por eso, una norma tan restrictiva debería estar precedida por la formación de un fondo multilateral vigoroso, que compense a las naciones productoras y a los habitantes de sus campos ante el sacrificio que se les impone para salvar el planeta.