Evitar la deriva violenta

No seré yo, que he salido a marchar varias veces, quien critique a quienes deciden hacerlo ahora. Los derechos son buenos para todos, no solo para quienes tienen nuestra misma posición política o ideológica. Más aún, eso es la democracia: igualdad frente a la ley, sin discriminación, y oportunidad para quienes no están en el gobierno de manifestarse y, si lo consideran necesario, protestar. Así que si antes he pedido que se respete mi derecho, ahora pido lo mismo para los otros, por mucho que no comparta las motivaciones.

Motivaciones que, por cierto, son abierta y descaradamente mentirosas. La causa, según los promotores, son “las reformas pensional y laboral y el paquetazo económico neoliberal que prepara el gobierno Duque” por, dicen, presión del FMI. Pero a esta hora “no hay una sola letra escrita de la reforma pensional o de la laboral”, dijo la Ministra del Trabajo, que también advirtió que no es verdad que se vaya acabar Colpensiones. Y si algún gobierno no necesita acudir al FMI es este. No hay y no habrá tal 'paquetazo'. La verdadera motivación es debilitar al gobierno Duque tanto como les sea posible.

Ahora, la manifestación y la protesta deben ser pacíficas. El Estado no solo tiene el derecho sino el deber de reprimir a los vándalos y neutralizar a los violentos, usando la fuerza de manera proporcional, sin excesos pero con firmeza. Tanta como sea necesaria. La Fiscalía está en la obligación de legalizar las capturas y procesar judicialmente. La impunidad de los delincuentes, no me cansaré de repetirlo, solo invita a la repetición del crimen.

Por otro lado, se deben regular el paro y las marchas. Los tratados internacionales dicen de manera inequívoca que el ejercicio de estos derechos está “sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática”. A la pregunta de si es posible y lícito regular “la protesta social” la respuesta es inequívoca. El Estado no solo tiene el derecho sino que es su deber establecer las condiciones en que debe ejercerse el derecho. De manera que el Gobierno debería definir con claridad, entre otras cosas, los lugares de concentración, la ruta y los horarios permitidos, las ‘restricciones’ en medio de las cuales pueden ejercerse la protesta. Regulación razonable.

Además, no hay que olvidar nunca que no hay derecho que no tenga limitaciones y deberes correlativos. El respeto de los derechos ajenos es el primero. En el momento en el que la protesta deja de ser pacífica cesa el derecho de los manifestantes y nace la obligación para el Gobierno de controlarla, reducir a los saboteadores y capturar a los terroristas. El Gobierno tiene la obligación de garantizar que se pueda protestar, claro, pero su tarea básica es proteger los derechos y libertades de todos. Nunca será legítimo que se acepte o tolere la violación de los derechos de los ciudadanos so pretexto de defender la protesta.

A mi no me preocupa el paro. Mi miedo es la deriva violenta, el eventual efecto contagio de Chile. Ese debe ser evitado, con absoluta firmeza, por los organizadores del paro y por los manifestantes. Y, si le toca, por el Gobierno: no puede dudar ni por un instante en usar la fuerza necesaria y proporcional si lo obligan a ello. Si muestra debilidad, se lo tragan los acontecimientos.