Regiones, seguridad alimentaria y competitividad

Las importantes movilizaciones y protestas del sector agrícola de la Unión Europea deberían llevarnos a una reflexión. Lo que allá sucede, tendrá acá consecuencias. De nosotros depende ser capaces de adoptar las medidas necesarias en nuestro país para que este hecho se vuelva una oportunidad que mejore y potencie nuestras exportaciones agropecuarias.

Conviene precisar que el término seguridad alimentaria no se refiere exclusivamente al hecho de poner los alimentos mínimos en una mesa para que una familia pueda comer. Ese concepto debe suponer por parte del Gobierno, una política agraria nacional y asegurarla con una normativa de la cadena agraria alimentaria; reforzarla con un servicio nacional de productos agrarios que se extienda, descentralice y que cada región autónomamente ponga en práctica, siempre bajo unos estándares de calidad previamente contemplados por el Gobierno, a través de su ministerio de Agricultura y en sintonía con las secretarias regionales.

Es importante señalar que los estándares de calidad agraria en la Unión Europea se aproximan ya a la generalización del concepto bio y eco en sus productos del campo. Sus frutas, hortalizas y verduras alcanzan unos niveles de excelencia muy elevados y la utilización desde hace años de biofertilizantes en reemplazo de los insumos agroquímicos, hace que los productos finales pongan en serias dificultades a la competencia de países exportadores a la UE.

En esas protestas existe un clamor por parte de los agricultores europeos para que se exijan a los exportadores extranjeros los mismos estándares de calidad que se imponen en la propia Unión.

No deja de ser una paradoja que Colombia, segundo país del planeta en biodiversidad, de suelos ricos y fértiles, potencialmente un país proveedor de productos agrarios de alta calidad, se mantenga en niveles tan bajos de competitividad y, en consecuencia, de alta desigualdad. La tan traída y llevada reforma agraria integral, es una prioridad que no puede esperar.

El diálogo del Gobierno con el sector y con las regiones para asentar una política agropecuaria común y su descentralización regional para que cada zona de Colombia explote sus producciones y sean capaces de exportar sus productos, bajo una marca de la ‘Colombia excelente’, debe llevar a mejorar la calidad alimentaria interna y exportable, así como la calidad de vida de cada agricultor colombiano, a fin de que cada familia campesina pueda vivir dignamente de su trabajo en el campo. Dignidad que debe acoger unos ingresos suficientes que cubran la educación, la salud y el bienestar de cada familia y que permita alejarlas del actual estado de desigualdad y carencias en las que viven.

Esas políticas de Estado deben ayudar con transferencia de conocimiento al campo colombiano, con formación, con herramientas adecuadas a los desarrollos agrarios requeridos hoy; con acceso a los insumos apropiados a los estándares de calidad más exigentes; con un banco de semillas accesible a los campesinos y con el apoyo a las redes de comercialización internas y para la exportación. Esas políticas solo pueden ser implantadas bajo la iniciativa del Gobierno de la Nación en diálogo con las regiones y con todos los agentes del sector y de la cadena alimentaria.