Seguridad para la reactivación

Atravesamos una situación de orden público compleja y sin seguridad la reactivación económica se frustra. Estamos convencidos de que el camino para superar los retos en esta materia es el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía, con el apoyo y conocimiento del sector privado.

Mayores acciones en este sentido permitirán que la inversión llegue a las regiones y que sectores como la infraestructura y el turismo, puedan desarrollar sus proyectos, generar empleo y bienestar para las comunidades.

El Consejo Gremial Nacional ha creado el Observatorio de Seguridad Ciudadana con el objetivo de hacer seguimiento a los indicadores relevantes que afectan la actividad económica en términos de seguridad. El reciente informe arroja cifras preocupantes sobre la extorsión, el secuestro, los homicidios y los atentados contra la infraestructura.

Solo un ejemplo, el informe señala que entre enero y junio de 2024, se reportaron 5.947 casos de extorsión, un incremento del 27,5% con relación al mismo periodo del año anterior. Igualmente, se han presentado 59 acciones en contra de la infraestructura vital.

Representa la seguridad uno de los cuellos de botella que hemos abordado en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y desde Confecámaras hemos hecho propuestas concretas con comprobada efectividad en el pasado. La primera de ellas, ante el anuncio de la vinculación de 16 mil nuevos efectivos a las Fuerzas Armadas, es la reactivación de los Batallones de Alta Montaña para ejercer la hegemonía de la seguridad en el país. La presencia de la fuerza pública en puntos neurálgicos genera disuasión y confianza entre los habitantes y los actores económicos.

En segundo lugar, reiteramos la necesidad de gestionar la seguridad desde lo local y por ello la importancia de implementar los Comités de Convivencia y Seguridad Ciudadana, espacios donde los comandantes locales hacen seguimiento de sus resultados y retroalimentan sus acciones con hechos de la sociedad civil, con periodicidad permanente y la participación de las autoridades locales, la fuerza pública y los gremios del sector productivo, para promover acciones de corto y mediano plazo que impacten la seguridad.

Como tercera medida planteamos la prioridad de realizar de manera permanente los Puestos de Mando Unificado, para recibir de los líderes gremiales necesidades puntuales que permitan a la fuerza pública establecer planes para contrarrestar la acción delictiva de manera efectiva y rápida.

Las autoridades regionales son agentes de desarrollo y les corresponde en conjunto con las nacionales, identificar soluciones a la medida de las necesidades locales.

A partir del ecosistema al que pertenece Confecámaras, integrado por el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, la Red Clúster Colombia, el Consejo Privado de Competitividad y el Consejo Gremial Nacional, hemos entregado al Gobierno Nacional 90 cuellos de botella de 106 iniciativas clúster o apuestas productivas de los territorios y la información de 79 proyectos de 27 departamentos que fueron priorizados por sus Comisiones Regionales de Competitividad, que están incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones que hace parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Poco servirá que los anteriores proyectos tengan los recursos para su desarrollo, si los gobiernos nacional y local no pueden garantizar la seguridad, condición que como he insistido es inherente para el desarrollo de los negocios y la productividad.

Fortalecer la seguridad nos permite afrontar con mayores herramientas el gran desafío de impulsar el progreso colectivo. Todos tenemos una responsabilidad y un rol que cumplir frente a este importante aspecto. Todo puede ser más que la suma de las partes, y ese es el camino que debemos recorrer como país.