Sin remedio

Como si no hubiera la apremiante necesidad de atención y acción en torno a la economía y la seguridad del país, el gobierno dedica energía y tiempo -y lo hace perder a los demás- a socavar logros sociales y políticos con posiciones y declaraciones que los alteran y buscan generar situaciones tumultuosas convenientes a su campaña de largo aliento.

Hemos presenciado la arremetida contra dos importantes realizaciones de la Nación que con sus más y sus menos, junto con nuestra Carta Política, han sido determinantes en el camino hacia el bienestar y la paz: una, el Sistema de la Seguridad Social en Salud y dos, el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Su avance e implementación es el objetivo, no desvirtuarlas.

La previsible satisfacción del presidente al ver caer las EPS como fichas del dominó, contrasta con el baldado de agua fría a los más de 5 millones de afiliados a Sura EPS por su posible desmonte. Su organización y capacidad es resultado de años de trabajo y crecimiento en la gestión de la asistencia médica. No conozco sus accionistas ni directivos, solo equipos de médicos, auxiliares y programas aplicados en un servicio oportuno y coordinado.

Si bien la crisis financiera del sistema viene de tiempo atrás por variables que impactaron los costos de la salud, no tuvo el Ejecutivo intención de reconocerlas y gestionarlas, incluso la Corte Constitucional hubo de exigirle la transferencia de saldos pendientes. Pero sí agravó los riesgos para los afiliados. Con la salida de las EPS por falta de oxígeno para cubrir el déficit, se afectará su atención cuando pasen a instancias que no tengan la organización para administrar frente a toda la población.

Por su experticia, las EPS logran eficiencias operativas, financieras y de aseguramiento. El caso del magisterio alerta sobre las consecuencias cuando no se está capacitado del modo requerido. Deben convivir Estado y empresas privadas para las múltiples necesidades en la salud, previendo malos manejos con reglas claras y rigurosa vigilancia y control. No tendría que prescindirse de las EPS que funcionan correctamente. Pero parece no haber remedio para la fiebre de la radicalización y el padecimiento de los pacientes en sus trámites cuando venga el desbarrancadero si no hay plataforma previa e inteligente a donde caer.

Al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre el Gobierno y las Farc, lo ha afectado otro mal a más de su pobre avance, cuando el mandatario en línea con su mefistofélico Álvaro Leyva, considera que un párrafo (pág. 8) permite una asamblea constituyente al consignar que las partes convocarán a concertar un acuerdo político nacional para definir reformas y ajustes institucionales. Dicho texto no menciona ni equivale a la mentada asamblea. El entonces presidente Santos y Humberto de la Calle rechazan aquella interpretación.

Se trata de una leguleyada para forzar una constituyente sin el trámite previsto en la Constitución, con segundas intenciones y a pesar de la actual polarización y presión de fuerzas irregulares. Voces de la izquierda disienten de aquella argucia. Para Rodrigo Uprimny (El Espectador, 2-6-2024), es “una tesis innecesaria, improvisada, inoportuna, contradictoria, ambigua y riesgosa”, y añade, jurídicamente insostenible, y más la disparatada de convocar una constituyente por decreto.