Sobre mingas y vivienda

La ocupación de un sector del barrio Versalles por la denominada Minga Popular afectó de manera grave la locomoción, abastecimiento y seguridad de innumerables caleños. Y lo peor fue el impacto sobre el derecho fundamental a la salud de otros tantos ciudadanos, ya que esa zona acoge uno de los núcleos médicos hospitalarios más importantes de la ciudad. Los manifestantes reclamaban “acceso a tierra, territorio y vivienda digna.

Por parte del alcalde Eder y su equipo de gobierno, el episodio representó un ejercicio de autoridad a la par dialogante y firme, ceñido a la normatividad aplicable, el cual hizo posible poner término a unas inaceptables vías de hecho. Los compromisos asumidos por la Alcaldía para llegar a la solución fueron resumidos por Diego Hau, secretario de Gobierno quien lideró los diálogos: se realizarán mesas técnicas para dar respuesta integral a las solicitudes tanto en materia de vivienda como de hábitat y el mandatario junto a su gabinete participará en esos espacios. En resumen, se debe decir que el alcalde y secretarios como Hau, María del Mar Mozo de Vivienda y Johana Caicedo de Paz y Cultura Ciudadana, se anotaron un éxito notable al poner fin temprano a esta crisis.

Pero solucionar las necesidades registradas en materia de vivienda por los sectores populares no es fácil. Se tiene que comenzar por contrarrestar la falta de políticas nacionales relacionadas con los subsidios y el financiamiento. También habrá de afrontarse un déficit protuberante de oferta porque, a través de los años, poco se ha hecho localmente para impulsar programas destinados a los desfavorecidos.

De otra parte, solo ahora con la llegada del actual gobierno aparece el interés de arreglar aspectos esenciales relacionados con una tramitología agobiante. Se deben simplificar y unificar procesos que obligan al urbanizador a obtener plan parcial aprobado mediante decreto previa certificación de viabilidad de Planeación Municipal, licencia de urbanización, licencia de construcción, licencia ambiental, plan de manejo ambiental, plan vial aprobado, plan de aprovechamiento forestal etc., etc. Lo peor es que los criterios, cronogramas y prioridades de las dependencias y funcionarios municipales a cargo son con frecuencia divergentes.

Peor aún, la ciudad se quedó sin tierras para uso habitacional, lo cual hace inaplazable revisar temas como la extracción de áreas desarrollables impuesta por el POT del 2014. Tal instrumento normativo mediante la figura de ‘ecoparques’ congeló grandes territorios que en general son vecinos a invasiones o desarrollos informales. La figura aludida tiene un nombre pomposo, pero en la práctica es fatal, ya que elimina el valor económico del suelo al impedir todos sus usos, con lo cual queda convertido en objeto de ocupación ilegal y lugar de las peores violaciones medioambientales.

Mucho más sensato sería permitir bajo ciertas condiciones la actividad de vivienda sobre esos sectores, tal y como lo hizo Curitiba, Brasil, que ha ganado la reputación de ciudad verde y sustentable. Para no ir muy lejos es lo que aplicó Cali en la parcelación, hoy barrio de Pance, al comienzo de su desarrollo. Esa zona tuvo una conveniente transición de potreros limpios a parcelación con casas rodeadas de jardines, florestas y arboledas, hábitat de una biodiversidad que hoy nos enorgullece.