La ‘ingenuidad’ de Petro

La mayoría de los colombianos sabíamos lo que podía pasar con la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar un cese al fuego bilateral con cinco de las organizaciones criminales que operan en el país.

La historia nos ha demostrado con creces, y desde hace décadas, que esos espacios que de forma tan generosa se otorgan en la búsqueda de lo que sin duda es un anhelo de toda la nación, la paz, sirven es para fortalecer a los grupos que se lucran de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, pero sobre todo de la muerte, esa con la que amedrentan a la población y con la que imponen su ley en los territorios olvidados o descuidados por el Estado.

¿Ingenuidad del Primer Mandatario? Difícil creerlo, porque si alguien puede conocer cómo funciona el aparato de violencia que en últimas son esas agrupaciones, es él mismo. Por ello las dudas que rondan su determinación de suspender, aparentemente sin acuerdos previos y con la esperanza de que fuera en doble vía, cualquier operación militar contra grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central, la Autodefensas de la Sierra Nevada y el Eln.

Este último, hay que decirlo, fue el único que dentro de su macabra coherencia no aceptó ese condicionamiento del gobierno pese a estar hoy sentado en la mesa de los diálogos para buscar un posible acuerdo de paz. Los otros mintieron sobre sus buenas intenciones, como lo muestran los acontecimientos de las semanas recientes en varios departamentos del país.

El único caso no es el del paro minero en el Bajo Cauca, que afecta a 16 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y que según las autoridades es patrocinado por el Clan del Golfo. Las evidencias dejan poco espacio para las dudas: poblaciones obligadas a protestar, ataques a la Fuerza Pública, quema de vehículos en las vías, incluidas ambulancias y tractomulas, y la violencia como forma de impedir que se cumplan las leyes que prohíben la minería ilegal, ojo, muy diferente a la minería artesanal que las comunidades raizales practican desde hace siglos.

Hoy ese negocio, tan lucrativo como el narcotráfico, lleva el sello de ese grupo criminal que actúa en 17 departamentos, incluido el Valle del Cauca. Se lo disputan además con el Eln, las disidencias de las Farc y mafias transnacionales, por lo que son comunes los enfrentamientos entre ellos por cuestiones territoriales.

Como decía, el del Bajo Cauca no es el único quebrantamiento de la tregua concedida por el Primer Mandatario. Pasa con grupos ex Farc en Caquetá, Casanare y nuestro vecino Cauca, donde el decreto presidencial parece haberles dado a los guerrilleros-narcotraficantes-minerosilegales (por no decirles también secuestradores, reclutadores de menores y terroristas), la potestad de imponer su ley. Se pasean por las calles, carnetizan a la población, matan ciudadanos y atacan a la Fuerza Pública. Y solo han pasado dos meses y 20 días desde que arrancó en firme el cese al fuego bilateral.

Como no me puedo meter en la cabeza del señor Presidente para saber si fue o no ingenuo en sus decisiones, o si cree con firmeza que impedir que las Fuerzas Militares y la Policía cumplan con su obligación de defender a los colombianos es el camino para alcanzar la paz, prefiero otorgarle el beneficio de la duda.

Lo que sí le sugiero es que así como se vio obligado a suspender el cese al fuego bilateral –que claramente fue unilateral- con el Clan del Golfo, haga lo mismo con los otros decretos. Sería lo razonable cuando gobernadores y alcaldes le piden “Libertad y orden”, que no es nada distinto a proteger y garantizar la seguridad en sus regiones, así como permitir que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber constitucional de perseguir y someter a quienes cometen crímenes, generan violencia y siembran muerte.