Vigencias futuras y regiones

Las Vigencias Futuras (VF) han sido en los últimos meses objeto de intenso debate y de críticas por dos razones principales: porque comprometen por anticipado recursos del presupuesto nacional quitando capacidad de gasto al gobierno actual; y en el caso de las VF para carreteras, porque están muy mal distribuidas entre las distintas regiones del país, llevándose Antioquia la mayor tajada. Las dos críticas son correctas.

Por su misma definición, es evidente que las VF son decisiones que toma un gobierno y que comprometen los gastos de gobiernos futuros, los cuales no tienen alternativa distinta a honrar esos compromisos. En ese sentido, son un factor importante que contribuye a la inflexibilidad del gasto público, tal como lo hacen los compromisos de servicio de la deuda.

En realidad, las VF son una operación de maquillaje fiscal, que se hace con la bendición del FMI, pues son una deuda escondida de las finanzas públicas que no se contabilizan como tal, pero que muchas veces son obligaciones contractuales tan exigibles como un pagaré. Además, los pagos de las VF tampoco se registran como servicio de la deuda sino como inversión pública, con el agravante de que -en el caso de las concesiones- son pagos que se hacen años después de que se han ejecutado las obras.

Las cifras son aterradoras. El gobierno nacional tiene compromisos de VF hasta el año 2053 por valor de $185 billones. Como la deuda pública a finales del año pasado ascendía a $816 billones, si las VF se contabilizaran como debe ser, la deuda crecería un 23% y habría llegado al 66% del PIB, rompiendo todos los límites de la regla fiscal.

La limitación al gobierno de turno es enorme. Para el período 2023-2026 los gobiernos anteriores aprobaron VF por valor de $72 billones que representan cerca de la cuarta parte del gasto de inversión pública para esos años. Con razón el presidente se queja de que no tiene plata para sus programas de inversión.

En cuanto a la distribución regional de las VF, en materia de carreteras si hay una clara concentración en Antioquia, mientras que si se miran todos los sectores Bogotá es la más favorecida. En efecto, las VF aprobadas para las 19 carreteras 4G en ejecución asciende a $50,2 billones (pesos constantes de 2023) de los cuales los 7 proyectos construidos en Antioquia se llevaron $22 billones, es decir el 43,6%

Además, no se puede decir que se trata de un esfuerzo regional pagado con peajes. En esas 7 concesiones el presupuesto nacional a través de las VF va a pagar el 70% de la inversión y el mantenimiento, mientras que los peajes solo el 30%. Es mayor el esfuerzo local en las otras 12 concesiones, donde las VF aportan el 58% y los peajes el 42%.

La situación es diferente al mirar el total de VF comprometidas para inversión ($175 billones), pues Bogotá va a recibir $62,7 billones para las dos líneas del Metro y la troncal de la calle 13. Esto es más plata que toda la plata asignada a las carreteras 4G, y equivale al 36% del total.

¿Qué podrán decir el Valle del Cauca y el suroccidente del país que para la conexión a Buenaventura y a todo el sur del continente solo tienen 3 proyectos financiados con VF por un valor de $12 billones (el 7% del total)?