Violencia en el Cauca

Los hechos ocurridos en los municipios de Corinto, Miranda y Caloto donde el Estado Mayor Central (EMC) atacó respectivamente, la estación de Policía, detonaron un carro bomba, se enfrentaron con el Ejército y reiniciaron sus retenes ilegales en vías importantes del departamento, es la mejor prueba que la situación de violencia en el Norte del Cauca no mejora.

El Cauca ha sufrido una violencia desbordada y con un Estado que hasta ahora ha dado la sensación que es impotente para cumplir lo que ordena la Constitución, como es garantizar los derechos de todos los habitantes del Departamento, empezando por la protección de la vida.

Los hechos de violencia en las regiones, asociados a los grupos con los que negocia el gobierno, sin mayores avances, evidencian que la política de paz de Petro no va paralela con las estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el país. Si tales hechos se siguen repitiendo sin consecuencias, los grupos ilegales seguirán en sus actividades ilícitas y aumentando su control en las regiones.

En varios departamentos de Colombia se vive un aumento de la intranquilidad no solo por la presencia, sino por el mayor control territorial ejercido por las organizaciones guerrilleras que se disputan el control de amplias zonas del país. Aunque los ceses del fuego decretados por Petro planteaban la posibilidad de llevar paz a las regiones en las que tradicionalmente han estado los grupos armados ilegales, la realidad es otra para la población civil.

De otra parte, hay que tener en la cuenta que el ELN, el EMC y el ‘Clan del Golfo’ no han sido vencidos ni tampoco están acorralados por las fuerzas del Estado. Al contrario de lo que se esperaba, el gobierno utilizó el cese del fuego para desactivar cualquier capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas. Por tanto, no hay que esperar que vayan a entregar las armas y cambiar su posición de poder por convertirse en un partido político como Comunes de las Farc, sin ninguna influencia en la conducción del Estado. Para los ilegales, el control real de una tercera parte del territorio colombiano les concede un poder efectivo que, antes que ceder, quieren formalizar convirtiendo el poder de sus armas en un poder institucional.

Son los grupos ilegales los que alimentados por el narcotráfico desafían la autoridad y vulneran a los civiles. Mientras crecen las masacres, las extorsiones, los secuestros, entre otros delitos, la guerrilla impone sus reglas de convivencia en las regiones en las que hace presencia. Frente a esta situación no queda menos que reclamar acción por parte del Presidente de la República y del Ministro de Defensa.

Los guerrilleros usan la población para enfrentar al Ejército que termina replegándose en aras de respetar la vida. Hay que exigirle al gobierno resultados concretos de protección a la población que garanticen la vida de los caucanos y que además entregue la estrategia de como enfrentar la situación de violencia que padecen las diferentes comunidades.

Los últimos actos terroristas en el departamento del Cauca, han sido atribuidos por las autoridades a las disidencias de ‘Mordisco’, convertido hoy en el principal verdugo para la vida y la seguridad de sus habitantes. Lo que se requiere en este departamento y en todo el territorio nacional es una presencia integral del Estado y una decidida acción de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos guerrilleros, los cuales han encontrado en los diálogos de la ‘paz total’ una oportunidad para fortalecerse e incrementar sus actividades criminales.