Violencia sin tregua

La paz total parece hoy más lejana que nunca para el Valle y el norte del Cauca. Los hechos recientes de violencia, hostigamientos y alteraciones del orden público en varias poblaciones de los dos departamentos reflejan la incapacidad del Estado para controlar a los grupos al margen de la ley que operan en la región, imponen el terror y pretenden acabar con la tranquilidad de su gente.

Una vez más hay que exigir la intervención firme de la Nación, que tiene el deber de proteger a los colombianos en cualquier parte del territorio patrio. Mucho más en esta parte del suroccidente del país donde el crimen se ensaña, se manifiesta de múltiples formas y parece imposible de derrotar.

El sábado anterior el municipio de Dagua sufrió los hostigamientos de grupos armados ilegales, que atacaron desde la montaña una estación de Policía de la localidad y amedrentaron a sus habitantes. Hay que recordar que esta población se encuentra en un corredor estratégico que conecta a Cali con Buenaventura, y que desde hace tres años se viene alertando sobre la presencia de disidencias guerrilleras, en particular el frente Jaime Martínez de las antiguas Farc.

Desde hace semanas se registran además enfrentamientos en el Cauca entre grupos armados ilegales que se disputan el negocio del narcotráfico, mientras hay combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc. Argelia es uno de los municipios más afectados, mientras en las últimas horas estallaron dos carros bomba en las poblaciones de Suárez y Mondomo, en el norte del Departamento. Un soldado muerto, dos más heridos, decenas de familias y viviendas afectadas, así como varios guerrilleros dados de baja es el balance preliminar de las acciones violentas.

Es el accionar de las organizaciones criminales que se multiplican en el Valle y el norte del Cauca, que tienen la capacidad de causar un daño enorme mientras manejan los cultivos ilícitos que se extienden como manchas hacia el Litoral Pacífico, formando un corredor de muerte. No obstante la labor que adelanta la Fuerza Pública para detener el avance de los grupos armados ilegales en la región, está demostrado que esa guerra está lejos de terminar y que no es suficiente el esfuerzo para evitar que se extienda ese cerco de terror y violencia.

Por ello la paz total de la que habla el Gobierno Nacional y las negociaciones para acabar el conflicto armado en las que se empeña el presidente Gustavo Petro sin apenas exigencias a las organizaciones criminales, parecen tan lejanas de los municipios nortecaucanos o de las cordilleras del Valle. la comarca reclama soluciones definitivas, que acaben de raíz con la amenaza violenta que no parece ver en toda su magnitud un centralismo que se siente cada vez más distante de las realidades que padecen miles de colombianos.

Al reto del crimen organizado hay que responder con las medidas que autoriza el orden jurídico, para defender y garantizar los derechos de todos los ciudadanos.