Y la seguridad, ¿para cuándo?

Los hechos más recientes de orden público, un carro bomba en Robles, Jamundí, y un ataque con cilindros a la estación de Policía de Popayán el pasado viernes, evidencian, una vez más, la compleja situación de orden público que atraviesan el Cauca y el Valle del Cauca. El recrudecimiento de estas acciones, durante todo el 2024, son preocupantes; llevamos una seguidilla de atentados, asesinatos y territorios acorralados por las disidencias y las bandas criminales, a pesar de los refuerzos de vigilancia y a los muchos anuncios de la institucionalidad.

Como en las épocas más duras del conflicto, volvieron las amenazas a diestra y siniestra, entre ellas la dada a los diputados del Valle, reabriendo uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia: el secuestro (11 de abril de 2002) y asesinato de 11 asambleístas (12 de junio de 2007), a manos de las Farc. Este 2024, asesinaron a un concejal de Jamundí y uno más, en Tuluá, la ciudad donde su Alcalde, desde antes de llegar al cargo, ha sido blanco de ataques, en una ciudad que clama seguridad. Carros bomba, corregimientos sitiados, extorsiones que financian el accionar delictivo, alertas de la Defensoría del Pueblo sobre municipios como Florida y Pradera, en el Valle, y el corredor que se extiende hacia el Cauca, que vive una de las más agobiantes etapas de su historia.

El Valle y el Cauca son los departamentos con el mayor número de masacres en lo que va del año. El Valle ya suma 5, siendo la más reciente, la ocurrida en Cartago, hace una semana, que cobró la vida de tres jóvenes. En Toro van dos, en enero y en abril, cuando cinco personas en el corregimiento de San Francisco fueron asesinadas. En febrero se registró otra masacre, en Ansermanuevo, y en enero, una en Candelaria. En tanto, en el Cauca, una masacre de 4 personas ocurrió en febrero, en Piamonte; y una más, el mismo mes, en Páez; en Corinto hubo otra, en abril; y en mayo, en Cajibío. Este año, en el país, según Indepaz, van 26 masacres que han cobrado la vida de 85 personas.

La situación está sobrediagnosticada, los anuncios se repiten, llegan refuerzos, se ofrecen recompensas, pero los hechos de orden público no paran. Ayer, el presidente Gustavo Petro dijo en Twitter que la orden era neutralizar al Estado Mayor Central, que vive de la exportación de cocaína. “Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas, no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total. La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle”, agregó.

Adicional a que no haya negociaciones, que obviamente no las debe haber mientras se asesinen civiles y se expandan los cultivos ilícitos, lo que necesitamos estos dos departamentos son estrategias reales. Sí, ha habido refuerzos; sí, hay capturas; sí, se está trabajando, no se puede desconocer. Pero mientras no haya un plan definitivo del Gobierno Nacional, que involucre, claro está, a los mandatarios regionales y locales, esto no va a cambiar.

Cali no ha estado exenta, y cada vez parece más rodeada, a cuatro meses de realizar un evento de suma trascendencia como la COP16, que tanta importancia tiene no solo para nuestra economía y dinámica de ciudad, sino también para la del país. ¿Qué estamos esperando para brindar las condiciones que no solo permitan garantizar la tranquilidad de esta cita mundial, sino la de cientos de personas que hoy viven acorraladas en sus territorios?; ¿es realmente el Pacífico Colombiano una prioridad para el Gobierno Nacional?; ¿qué más tiene que pasar para que nos tomemos en serio todo lo que viene ocurriendo?; ¿el batallón de alta montaña en Jamundí, para cuándo?

Las preguntas están sobre la mesa, desde hace meses, lo que urgimos es acompañamiento y hechos, más que discursos en redes sociales. @pagope