A cuidar los jueces de paz

Tuvo que ocurrir el asesinato del juez de paz Ricardo Cardona, el pasado 21 de enero en la Comuna 20 de Cali, para que las autoridades y los caleños les prestaran atención a los reclamos de seguridad que, desde hace tiempo, vienen exigiendo quienes desempeñan esta labor en las 22 comunas de Cali.

Son 108 los jueces de paz que hay en la ciudad y son ellos quienes se encargan de ofrecerles herramientas a las comunidades o particulares para la resolución pacífica de sus diferencias, por medio del diálogo, respeto y tolerancia. Los conflictos que manejan no son de poca monta, pues atienden casos de convivencia familiar, suspensión de la vida común entre cónyuges, separación de bienes, liquidación de sociedad patrimonial de hecho, capitulaciones matrimoniales y fijación de la cuota de alimentos, entre otros.

Este trabajo es tan importante que el Alcalde de Cali indicó que “el año pasado fueron 80 mil los caleños que asistieron a las Casas de Justicia y los atendieron los jueces de paz” para que los orientaran a resolver sus diferencias.

Hay que recordar que los jueces de paz son voluntarios elegidos por la comunidad para un periodo de cinco años, a quienes no se les paga salario a pesar de la importante labor que hacen a diario para evitar que los conflictos se conviertan en problemas mayores en las comunidades.

Como si fuera poco, según la Presidenta del Sindicato de Jueces de Paz de la ciudad, la mayoría de ellos debe desempeñar su trabajo en su casa, en parques y en panaderías, lo que los hace aún más vulnerables. “Los jueces de paz en Cali estamos 100 % solos, aunque somos la autoridad que más casos atiende, tanto la Alcaldía como el Gobierno Nacional nos han dejado solos”, dijo uno de los funcionarios.

No se puede esperar a que la vida de otro juez de paz sea apagada, ni basta con darles chalecos antibalas, para garantizar su seguridad, lo que de por sí es una clara señal de que su trabajo, por naturaleza, los pone en riesgo. Hay casos graves, como el de uno de los jueces que reside en la Comuna 21, en el oriente de Cali, que ya fue víctima de un atentado y, en el 2021, fue amenazado por un grupo de personas que promovía invasiones ilegales en diferentes predios de la ciudad.

La subsecretaria de Paz y Cultura Ciudadana y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali deben trabajar de la mano para gestionar, de manera urgente, más recursos que permitan cuidar la vida de estas personas. No es posible que hoy, a pesar de lo que pasó con Ricardo Cardona, no se haya definido la primera acción puntual para cuidar la vida de los jueces de paz. Y que tampoco se haya logrado dar con el paradero de los autores materiales o intelectuales del crimen.

Es prioritario que en la reunión que los jueces de paz tendrán con el Alcalde de la ciudad, prevista para hoy, pero que debió ser aplazada para el 17 de febrero, se tomen medidas urgentes que sirvan para cuidar la integridad de estos 108 funcionarios y de sus familias. La ciudad tiene una responsabilidad con quienes son los encargados de resolver conflictos en las comunidades y garantizar la convivencia ciudadana.