Editorial
A cumplir las normas
No se puede negar que a ese transporte ilegal respondió en principio a las fallas del MÍO para atender la demanda y cumplir con las frecuencias.
En enero pasado, miles de caleños exigían a la nueva Administración que se pusiera orden en las vías de la ciudad, pedían controles de las autoridades y muchos, incluso, aplaudieron los operativos que se hicieron en aquel momento en los principales corredores viales de Cali. Sin embargo, a inicios de esta semana miles de motociclistas protestaron porque, según manifestaron, hay una persecución contra ellos.
El lunes pasado la movilidad se colapsó en varios puntos de la capital del Valle debido a los bloqueos de las motos. Ciudad Jardín, en el Sur; la galería del barrio Alfonso López, en el Oriente; Sameco, al Norte; y la Portada a Mar, en el oeste de la ciudad fueron los más afectados. Desde estos sectores, los motociclistas se trasladaron en caravanas masivas hasta el Centro Administrativo Municipal, CAM, con el propósito de hablar con las autoridades.
El argumento general, según quienes se denominan como veedores ciudadanos y voceros de los conductores de motos, como Helio Andrade, es que “ninguna motocicleta puede acercarse a un centro comercial, a la terminal o lugar público porque ya dicen que son transporte informal”. Esa supuesta estigmatización, que de acuerdo con sus argumentos promueven los controles de tránsito, es de lo que se quejan.
Habría que recordarles a quienes alientan las protestas, que las autoridades están para hacer cumplir las normas y darle orden a la ciudad. Entre sus funciones está pedir la documentación necesaria y verificar que, tanto las motocicletas como los vehículos tengan al día los permisos y las condiciones técnicas para circular libremente por las calles caleñas. Por ello no hay argumento válido para marchar en contra de los operativos que se están realizando.
Ese ejercicio de autoridad también está para contrarrestar una de las actividades ilegales que afecta la movilidad en Cali: el transporte pirata. El problema viene creciendo desde hace años y cada vez son más los corredores por donde esa ‘piratería’ tiene rutas establecidas. Inicialmente fueron vehículos particulares los que se dedicaban a esto, luego se unieron taxistas, posteriormente busetas con capacidad hasta para 15 personas y ahora las motos.
No se puede negar que a ese transporte ilegal respondió en principio a las fallas del MÍO para atender la demanda y cumplir con las frecuencias. Y que para acabar con esa práctica es necesario mejorar el servicio del Sistema de Transporte Masivo, así como también ejercer un mayor control en las vías de la ciudad, para garantizar la seguridad de los caleños al movilizarse por la ciudad.
Son todas razones válidas y necesarias para que la Administración Municipal y la Secretaría de Movilidad continúen con los operativos. Exigir el cumplimiento de las normas y comprobar el buen estado técnico y mecánico de los vehículos que circulan por Cali es una obligación y la manera de garantizar la integridad y salvar vidas. El alcalde de Cali fue claro: “Los operativos no son para molestar, sino para proteger la vida de los caleños”.
El mismo mensaje envió con contundencia el secretario de Seguridad, Jairo García: “Nosotros no podemos negociar la norma, tenemos que hacerla cumplir y así se ha hecho desde el primer día en la Administración Distrital a través de la pedagogía y de los controles”.
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