A regular los asentamientos

Siete años después de su firma, el Acuerdo 0411 del Concejo de Cali sigue siendo letra muerta. La situación de los asentamientos humanos ilegales ni siquiera se ha empezado a resolver y, por el contrario, el número de las invasiones aumenta cada año en la ciudad. Por ello el anuncio de la actual Administración Municipal de legalizar 40 de estos territorios tiene que concretarse, con soluciones para el problema que ya existe y con mano dura para evitar más ocupaciones ilícitas.

Que en la capital del Valle existan 193 asentamientos humanos precarios o de desarrollo incompleto, como formalmente se le conocen, repartidos por las 22 comunas locales y donde vive el 40,8% de la población caleña, es inaceptable. Aún más porque el 60% de estas invasiones se han formado en los últimos ocho años, es decir cuando el Acuerdo municipal estaba casi listo para su firma, lo que significa que las acciones del Estado para impedirlas han sido prácticamente nulas.

Cali ha convivido con las invasiones por décadas, consecuencia de las olas migratorias recurrentes desde la primera mitad del siglo pasado. A la principal capital del suroccidente colombiano llegan cada año miles de personas en busca oportunidades o huyendo de la violencia, que se chocan contra la realidad de no encontrar ni siquiera un lugar para vivir, mientras la ciudad se ve desbordada en su capacidad de atender a esos nuevos pobladores.

De ello se aprovechan quienes han visto en tal miseria humana una forma de lucrarse. El de las ocupaciones ilegales a terrenos del municipio o de particulares se volvió un negocio tan perverso como rentable, frente al cual las políticas públicas y los esfuerzos de las autoridades encargadas de mantener el orden son ineficientes e insuficientes.

Así es como la capital vallecaucana se ha expandido sin obedecer a un plan urbanístico, con comunidades conformadas por cientos de miles de personas que no cuentan con servicios públicos básicos, donde no hay escuelas ni centros de salud, que no tienen títulos sobre las propiedades en las que habitan incluso desde hace décadas y no cuentan con las garantías de seguridad que permitan prevenir los múltiples riesgos.

De esa forma se fueron poblando, sin el mínimo control, los cerros caleños o el oriente de la ciudad y también algunas zonas rurales que son las que debe atender la Administración local, tal como lo ordena la resolución 0411 de 2017. Para ello se necesitan recursos públicos importantes, para la regularización de los predios levantados, para adelantar el desarrollo de la infraestructura requerida, además de realizar la atención social que se necesita.

Parece poco intervenir 40 asentamientos irregulares, de los 193 existentes, pero lo que corresponde es arrancar con un proceso, sin duda costoso, que además puede tomarse décadas si se sigue afrontando al ritmo que se ha hecho hasta ahora. De ahí que el llamado a la Administración Municipal para que cumpla los anuncios sobre su legalización.

A la par hay que perseguir a las mafias detrás de las invasiones y actuar con rapidez frente a ellas. Si la ocupación ilícita de predios sigue, será imposible que Cali tenga un desarrollo urbano organizado, los cordones de miseria aumentarán, la inseguridad empeorará y la inversión pública se tendrán que