Atención a Aguaclara

Los diálogos por la paz y los acuerdos de cese al fuego bilateral pactados por el Gobierno Nacional no significan que se deje a los colombianos a su suerte en aquellos territorios donde operan las organizaciones criminales. El deber del Estado es brindarles a todos los ciudadanos la debida protección, garantizar su seguridad y defender su vida.

Mientras el Eln anunciaba al cierre de la quinta ronda de negociaciones su intención de no seguir secuestrando con fines extorsivos, en la población de Aguaclara, zona rural de Buenaventura, la comunidad se mantenía retenida e indefensa en medio de enfrentamientos entre esa guerrilla y las disidencias de las Farc. El control territorial sobre el corredor del Pacífico, que sirve al narcotráfico y a toda clase de economías ilegales, es y ha sido desde hace décadas la causa de una confrontación que deja miles de víctimas y desplazados.

La guerra se ha recrudecido desde que la columna Jaime Martínez, del llamado Estado Mayor de las Farc-EP, decidió incursionar en una zona donde hace presencia el Ejército de Liberación Nacional. Quienes han quedado en medio son familias inermes, a las cuales la violencia les arrebata sus hijos o para quienes la única opción es huir y dejar todo atrás con tal de salvar sus vidas.

Lo más grave de lo que sucede en el corregimiento bonaverense es la imposibilidad de la Fuerza Pública para entrar al territorio y defender a sus pobladores. Los dos grupos alzados en armas están inmersos en mesas de negociaciones en el marco de la política de paz total que abandera el presidente Gustavo Petro para enfrentar la violencia en el país, y con ambos hay firmados acuerdos de cese al fuego bilateral que impiden a las Fuerzas Armadas entrar en contacto directo con el Eln y las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc.

Tiene razón el Personero de Buenaventura al manifestar su preocupación por la suerte que corren decenas de habitantes de Aguaclara, así como por la imposibilidad de conseguir, al menos hasta ayer, que una comisión humanitaria conformada además por la Defensoría y la Unidad de Víctimas, ingrese al corregimiento. Ni protección militar ni resguardo de sus derechos humanos es lo que padece la comunidad sitiada y asediada por una guerra que no les corresponde.

No bastan las promesas del Eln o de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ de no secuestrar con fines extorsivos. A los colombianos, en especial a quienes viven en los territorios donde la violencia se ha impuesto por décadas, se les tiene que dejar por fuera de la guerra. Imposible sentarse a negociar con las organizaciones ilegales mientras las comunidades continúan sitiadas, y no se cumple con el principio básico del respeto a la vida.

El Estado tiene que intervenir en el corregimiento de Aguaclara, rescatar a sus pobladores hoy atrincherados en la caseta comunal, ondeando banderas blancas para no ser atacados, y devolverles la tranquilidad que les permita quedarse en su terruño, sin temor a morir o a que sus hijos sean reclutados o terminen asesinados. Esa es la paz que se necesita, la que beneficie a los colombianos y no a quienes siembran a diario la violencia.