Cauca y Valle, bajo fuego

Frente a los ataques terroristas de las disidencias de las Farc en el Valle y el Cauca, la única respuesta del Gobierno Nacional debe ser la persecución frontal y efectiva a quienes están imponiendo la violencia en este territorio. Si no hay tal contundencia, recaerá sobre el Estado la responsabilidad de no haber protegido, como es su obligación, la vida de los miles de colombianos que hoy se encuentran en medio de esa guerra declarada.

A los habitantes de Jamundí los sacudió a primera hora de la mañana de este lunes 20 de mayo la explosión de una motocicleta bomba colocada en el centro del municipio. La intención era, según las autoridades, atacar un hotel donde se hospedaban policías que habían llegado como refuerzos para garantizar la seguridad. El objetivo no se logró, pero sí resultaron heridos dos uniformados que prestaban guardia, cuatro civiles, entre ellos tres niños que iban a estudiar, y se ocasionaron daños en las propiedades aledañas.

Desde ese momento se desataron los hostigamientos contra las estaciones de Policía en el corregimiento de Robles y en Dagua, en el Valle, al igual que en Jambaló y Suárez, en el Cauca. El hecho más grave fue la incursión armada del que se hace llamar Estado Mayor de las Farc, a Morales, también en el departamento del Cauca, que dejó dos efectivos de la Fuerza Pública fallecidos, mientras dos civiles que se encontraban detenidos resultaron muertos y tres uniformados más quedaron heridos.

Frente a esa oleada de terror desatada por el grupo armado ilegal, la reacción de las Fuerzas Armadas fue por lo menos lenta. Y queda en entredicho, de nuevo, la capacidad de inteligencia militar para responder a esos ataques sistemáticos y sobre los cuales ha habido alertas tempranas.

La salida del comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, así como la reincorporación inédita en ese cargo del Mayor General Luis Emilio Cardozo, retirado hace dos años por el propio presidente Gustavo Petro cuando se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de Operaciones, obedece sin duda, a lo ocurrido este lunes.

Como era de esperar, ayer se instalaron los respectivos consejos de seguridad en los dos departamentos afectados, a la vez que las autoridades ofrecieron recompensas millonarias por los autores de los ataques, es decir por los cabecillas de los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez que operan en la región.

Lo que no se explica aún, y es la demanda que hacen tanto gobernadores como alcaldes y ciudadanos, es cuál será la estrategia para ponerle fin a la violencia que hoy agobia al Cauca y a parte del Valle. No se entiende, por ejemplo, que Jamundí siga estando ausente de muchas de las decisiones sobre seguridad que se toman desde Bogotá, mientras su Alcaldesa no cuenta con la protección debida pese a las amenazas contra su vida.

Tampoco hay claridad sobre si el Gobierno Nacional insistirá en mantener unos diálogos de paz con quienes han demostrado hasta la saciedad que no tienen el mínimo interés de llegar a unos acuerdos para ponerle fin al conflicto armado en esta parte del territorio nacional.

El retroceso que están viviendo el Cauca y el Valle en materia de seguridad y orden público es evidente. Por ello hay que exigir que a los violentos se les enfrente con contundencia y sin contemplaciones.