Colombia se rajó

El “fracaso” de la educación en Colombia, como lo describió el presidente Gustavo Petro luego de conocerse los resultados de las pruebas internacionales Pisa, tiene mucho qué ver con la incapacidad estatal de garantizar la calidad y la cobertura educativa en todo el territorio nacional. Pasa también por la inadecuada preparación de los docentes, así como por un sindicalismo para el que sus intereses están por encima de la formación de los estudiantes.

Las pruebas Pisa, que miden los conocimientos de los alumnos de 15 años que cursan la educación media en las áreas de matemáticas, ciencias y comprensión de lectura, son realizadas cada tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde. La intención es que los 80 países donde se presentan puedan “supervisar su desempeño y valorar el alcance de las metas educativas”. A Colombia, hasta ahora, le ha ido mal.

Los resultados de los exámenes más recientes, realizados en 2022, así lo ratifican. Los estudiantes nacionales están muy por debajo del promedio mundial y al final de la tabla de posiciones. Según el informe de la entidad, casi ningún alumno colombiano pasó las pruebas de matemáticas y solo el 29 % llegó al nivel 2, cuando la media internacional es del 69 %.

Si bien el porcentaje en comprensión de lectura y ciencias fue más alto, toda vez que el 49 % de los escolares del país llegaron al nivel 2 o superior, cuando se compara con el promedio mundial que es del 74 %, quedan en evidencia las deficiencias del sistema educativo nacional. Esos resultados son el reflejo de lo que pasa con la educación pública en Colombia.

Por ello, tiene razón el presidente Petro en hablar de fracaso. Las deficiencias en la calidad de la educación en el país son evidentes y es claro que el sistema, en particular el público, no cumple con los estándares mínimos académicos y tampoco desempeña bien su otra labor: la de ayudar a formar ciudadanos de bien y con consciencia social. En cuanto a cobertura, el país también está debajo del promedio de la Ocde, con un 75 % e igual de alarmantes son los niveles de deserción escolar: en 2022, 500 mil alumnos dejaron el colegio, cifra que debería preocupar a las autoridades educativas.

Como lo consagra la Constitución Nacional, la educación es un derecho fundamental y el Estado debe garantizar que todos los niños y jóvenes colombianos tengan acceso a ella y, así mismo, a que les enseñe bien. En ello deberían concentrarse el Gobierno, los maestros y en particular los sindicatos, que están llamados a ser los garantes de la calidad educativa.

El objetivo no se logrará mientras los docentes no estén bien formados, se actualicen permanentemente y estén comprometidos con su labor. Basta conocer que en las recientes pruebas estatales Saber Pro, los universitarios con las más bajas calificaciones fueron los de las carreras relacionadas con ciencias de la educación, para entender que la situación no será mejor a futuro.

El Estado en su conjunto tiene hoy la obligación de cambiar el destino de la educación nacional. El mayor porcentaje del presupuesto público debería dirigirse a mejorar el sistema, invertir en cobertura, optimizar la infraestructura y formar bien a los docentes. El desarrollo de Colombia no será posible, mientras no se brinde una educación de calidad, para todos, desde los primeros años escolares.