El desafío de las invasiones

Cali ha convivido con los asentamientos irregulares desde hace décadas. Son la consecuencia de las olas migratorias recurrentes, de la incapacidad de la ciudad para atender las necesidades de quienes llegan en busca de oportunidades y de las débiles o inexistentes políticas para combatir a quienes convirtieron las invasiones en un negocio tan perverso como rentable. Se necesitan soluciones para lo que ya existe y mano firme para evitar más ocupaciones ilícitas.

Las cifras son inquietantes. En la capital del Valle hay 193 asentamientos, el 60% de ellos formados en los últimos ocho años, donde vive el 40,8% del total de los habitantes de la ciudad. Es, a todas luces, un drama social que refleja la permisividad que desde la Administración Municipal y las autoridades locales se ha tenido desde siempre con una práctica que, en la mayoría de los casos, es impulsada y manejada por mafias que buscan lucrarse con la necesidad de vivienda de quienes llegan a Cali o con la que se buscan réditos políticos.

Al problema que ya existe se le debe dar solución, sin que con ello se envíe un mal mensaje que incentive más ocupaciones ilegales en la ciudad. Si no se ejerció la autoridad como correspondía, ahora se deben asumir las consecuencias, porque tan grave como haber permitido durante décadas la proliferación de invasiones es dejar a su suerte a quienes viven ellas, es decir a casi la mitad de quienes viven en Cali.

El anuncio del actual Gobierno Municipal sobre la intervención en 40 de esos 193 territorios es bien recibido. Son cerca de un millón de personas que en la mayoría de los casos se encuentran en condiciones vulnerables, no tienen acceso a servicios públicos básicos, no cuentan con una infraestructura mínima, tampoco tienen títulos sobre las propiedades que habitan incluso desde hace décadas ni hacen parte de los programas sociales del Estado.

En lo que no se puede ceder es en la persecución de quienes están detrás de los nuevos intentos por invadir predios, ya sean del municipio o de particulares. Cali tiene un largo historial de procesos migratorios que no en pocas ocasiones fueron impulsados por intereses politiqueros y que ahora son manejados por negociantes de la miseria humana que se aprovechan de las necesidades de quienes llegan a la ciudad huyendo de la violencia o en busca de oportunidades.

Quienes son utilizados para esos propósitos son las primeras víctimas. Pero también lo es la capital del Valle que está obligada a dar solución a los problemas que conllevan las invasiones. Frente a ello no hay recursos públicos que alcancen, no hay forma de atender la demanda de esos miles de nuevos habitantes, no hay transporte público que dé abasto ni sistemas de salud y educativos que los puedan acoger.

Si no se hizo antes, ahora sí hay que impedir que las ocupaciones ilegales sigan proliferando en Cali. De lo contrario no habrá manera de que la ciudad progrese ni tenga un desarrollo urbano organizado, los cordones de miseria aumentarán, la inseguridad empeorará y sus inversiones se tendrán que destinar a atender esas nuevas demandas de su sociedad.