El fallo adverso

Errores de procedimiento y competencia. Esas fueron las razones por las cuales se quedó sin piso la multa impuesta a los integrantes del concesionario Ruta del Sol II, uno más de los entramados que hacen parte del escándalo por corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht y un nuevo capítulo que impide sancionar a los responsables.

El concepto del Consejo de Estado al resolver un recurso de apelación, dejó en claro que la acción popular interpuesta en su momento por la Procuraduría de la Nación, y fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no era el mecanismo adecuado para reclamar por las afectaciones.

En su demanda, el Ministerio Público pidió la condena de las empresas y personas que conformaban el consorcio, entre ellas Odebrecht, por considerar que existía vulneración del derecho colectivo, despilfarro de recursos y perjuicios por los retrasos de la obra. La sentencia, que impuso entre otras inhabilidades y sanciones una multa por $715.000 millones que ahora queda en el aire, fue apelada por los afectados y el resultado es la reciente decisión de una de las Altas Cortes del poder judicial colombiano.

Para entender el alcance del fallo hay que remitirse a la trama del escándalo de la firma brasileña Odebrecht. En lo que muchos han llamado una alianza perversa del mal, la multinacional creó la que es considerada la mayor red de corrupción internacional, con alcances en toda América Latina, desde Argentina hasta México en la que a través de financiaciones de campañas electorales o pagos de sobornos a políticos y funcionarios presionaron para obtener los mayores contratos de infraestructura en al menos una veintena de naciones.

En Colombia son varios los procesos judiciales que se adelantan relacionados con la corrupción de Odebrecht. Entre ellos está el de la concesión para construir la segunda etapa de la Ruta del Sol, la vía concebida para unir el centro del país con la Costa Caribe. O el más reciente, en el que se ha confirmado el ingreso no declarado de multimillonarios aportes a campañas por la Presidencia de la República, en los que hay excandidatos y mandatarios señalados de tener pleno conocimiento de lo que ocurriría.

Son 57 personas judicializadas y 18 condenadas penalmente o sancionadas administrativamente, así como decenas más investigadas, entre ellos exministros, funcionarios del desaparecido Instituto Nacional de Concesiones, Inco, así como de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

Aunque ha pasado cerca de 15 años desde los hechos, aún es mucho el hilo por desenredar en el que, sin duda, es la mayor empresa multinacional de la corrupción, camuflada en contratos que se han robado el patrimonio público destinado a solucionar los problemas de millones de personas necesitadas de progreso.

Por ello indigna que se cometan errores de procedimiento como los reconocidos por el Consejo de Estado en su reciente fallo, que dejan a la Nación sin la posibilidad de recuperar así sea en parte el multimillonario desfalco al que se sometió el erario y responder por el daño que se les hizo a los colombianos.