El gran dilema

Después de un año en el cual Colombia y el mundo han padecido las consecuencias de la pandemia en las finanzas públicas y privadas, es apremiante la necesidad de encontrar salidas para enfrentar los estragos y las decisiones de emergencia que se han debido adoptar. Ese desafío requiere de consensos para evitar que la situación del Estado se transforme en rival de la iniciativa privada y la inversión que genera desarrollo.

La situación es grave. El Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo para atender una emergencia que aún no termina utilizando recursos ya escasos y aumentando el endeudamiento, con lo cual se ha podido mantener a flote la economía además de cubrir en gran parte los problemas derivados de la parálisis, el desempleo y el consecuente incremento de las necesidades de muchos colombianos.

Y aunque no se han podido resolver todos los problemas, es claro que ese gasto ha sido fundamental para mantener la confianza en el país y en su economía. Pero llegó ya el momento de hablar de reformas y decisiones que aumenten los ingresos del Estado para empezar a cumplir las obligaciones adquiridas y los desafíos hasta que termine la pandemia, además del funcionamiento normal de las instituciones en todos los niveles de la función pública.

En otros términos, hay que empezar a trabajar en la reforma fiscal que se requiere para atender el hueco que ha dejado la crisis, además de resolver los problemas estructurales que arrastra el Estado. Esa reforma ya fue planteada por el presidente Iván Duque y su Ministro de Hacienda, iniciando el consabido debate político sobre la posibilidad de aumentar el Impuesto al valor agregado o subir los ingresos del Estado en dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto como lo ha sugerido el Fondo Monetario Internacional.

También se ha propuesto la venta de la participación nacional en ISA, con lo cual se pueden recoger entre doce y catorce billones de pesos, lo que enjugará gran parte del problema. Se insiste también en vendérsela a Ecopetrol, lo cual significará disponer del 8% de su capital además de endeudarla en una cifra que supera los dos mil millones de dólares, y significará mantener el dominio del Estado sobre un activo valioso y estratégico.

Esas dos son algunas de las propuestas que están sobre el tapete y deben aparece otras sobre el control al gasto público para reducir la necesidad de subir los impuestos, o el reclamo por contener la corrupción y la evasión fiscal. Sobre ellas empieza una gran discusión, en la cual se hará presente también el debate político y las aspiraciones de los partidos que ya parecen inmersos en las elecciones que se realizarán dentro de un año.

Lo claro es que este 2021 será crucial para definir la recuperación de las finanzas públicas sin ahogar la iniciativa privada o asfixiar a los contribuyentes. Tal dilema deberá ser resuelto cuanto antes por el Gobierno y el Congreso, para evitar consecuencias peores. Es el desafío que enfrenta la Nación, el cual deberá ser solucionado apelando a la grandeza y el bien común por encima de los intereses y ambiciones partidistas y electorales.